El PP, ahogado en corrupción

Detenidos Ignacio González, expresidente madrileño y número dos de Aguirre, su hermano y otras 10 personas
El juez investiga el desvío de 25 millones de la empresa de aguas del Canal de Isabel II

Jueves, 20 de Abril de 2017 - Actualizado a las 06:06h.

pamplona-El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha sido trasladado esta noche por agentes de la Guardia Civil a la Unidad de Detenidos de la Comandancia de la localidad madrileña de Tres Cantos, donde ha pasado la velada, después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de este cuerpo hayan registrado durante más de cinco horas su despacho profesional de la madrileña calle Alcalá.

El registro documental de su despacho ha sido ordenado por el juez Eloy Velasco dentro de la 'Operación Lezo' por presunta corrupción en la gestión del Canal de Isabel II. El expresidente madrileño, que llegó al despacho sobre las 20:00 horas, ha estado presente durante el registro, que se ha realizado después de la inspección del domicilio de González, que también fue presidente del Canal de Isabel II, un registro que se ha alargado durante diez horas.

Ignacio González salió de su domicilio a las 19:20 horas en un coche que formaba parte de una comitiva de seis automóviles de la Guardia Civil, unos camuflados y otros coches patrullas de la Benémerita. Unos 20 minutos antes había salido de la casa su abogado, quien comunicó escuetamente a los periodistas que había concluido el registro del domicilio.

EL PP SE AHOGA EN LA CORRUPCIÓN Tras la citación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como testigo en el juicio de la Gürtel, la Guardia Civil detuvo ayer al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en una operación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco contra la corrupción en la gestión del Canal de Isabel II en la que fueron arrestadas otras once personas.

El juez, en el marco de la operación Lezo, investiga presuntos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios. Es decir, si desviaron 25 millones del Canal, entidad pública presidida por González entre 2003 y 2012, para enriquecerse. Tras analizar cientos de horas de grabaciones en juez sitúa a González al frente de una red corrupta, en la que tanto él mismo como su familia se lucraron con contratos en Brasil, Colombia y República Dominicana.

Durante todo el día, hasta las 19.15 horas, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron el domicilio del exmandatario madrileño en una exclusiva urbanización de Aravaca, en Madrid, búsqueda en la que se utilizaron incluso perros especializados en detección de dinero. Terminada la búsqueda en su casa, los investigadores se desplazaron al despacho de González, que pasó la noche en la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. La operación ha supuesto la suspensión de militancia de González en el PP.

Además de Ignacio González, fueron detenidos su hermano Pablo, directivo de Mercasa, empresa pública cuya sede fue registrada. Se da la circunstancia de que los jueces José de la Mata y Velasco se coordinaron para desarrollar sendas operaciones contra Mercasa y contra el Canal de Isabel II, dado que esta última investigación afecta tangencialmente a la primera empresa.

Los agentes de la UCO no solo registrado el domicilio y el despacho de González. También lo hizo en la sede del Canal;en Subastas Segre, presidida por Lourdes Cavero, mujer del expresidente madrileño, que subastó la colección de plumas y relojes de David Marjaliza, e investigada en la causa;en Urbaser, empresa ya investigada en el caso Púnica, o en Auditel.

Y en esas pesquisas, además de las detenciones y registros ordenados, el juez ha citado como testigos a cinco personas, incluida la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el consejero de Presidencia y responsable del Canal, Ángel Garrido. A Garrido le tomó declaración por la tarde en la Consejería de Presidencia, mientras que a Cifuentes le entregó las preguntas para que contestara por escrito.

Ellos llevaron a la Fiscalía en julio de 2016 sus sospechas sobre las presuntas prácticas fraudulentas en la gestión del Canal en la etapa anterior. Anticorrupción investigaba los hechos desde octubre de 2015, pero en verano del año pasado se judicializó el caso.

Poco después de la presentación de esa denuncia, el actual presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido, ordenó el cierre de una decena de empresas que en Latinoamérica tenían poca actividad o ésta no se correspondía con las relativas al ciclo integral del agua. Una de esas empresas fue la brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, en este caso comprada en 2013. Otra de las medidas que tomó el Gobierno de Cifuentes fue cesar a Edmundo Rodríguez Sobrino como responsable de la filial del Canal en Latinoamérica al aparecer su nombre en los “papeles de Panamá”. - D.N.