Editorial de diario de noticias

Deudores fiscales, transparencia democrática

Hacienda Foral hace público, como ya han hecho el Estado o la CAV, el listado las personas y empresas con deudas de más de 250.000 euros, una obligación legal, ética y política para garantizar la corresponsabilidad fiscal que exige el autogobierno

Viernes, 19 de Mayo de 2017 - Actualizado a las 06:08h.

la publicación de un listado con las 316 personas y empresas que adeudan a Hacienda Foral 238 millones de euros -un anuncio que ya adelantó el Gobierno de Navarra el pasado mes de marzo dando un plazo de tres meses a los implicados para saldar sus deudas tributarias-, es un ejercicio necesario de transparencia democrática. Y una buena práctica política ante quienes asumen sus responsabilidades fiscales como contribuyentes, que son la inmensa mayoría de los navarros y navarras, en un sistema como el que sustenta el autogobierno foral en el que la corresponsabilidad de cada una de las personas físicas y jurídicas es fundamental para su sostenimiento de unos servicios públicos de calidad en sanidad, educación, atención social o infraestructuras. Los datos hechos públicos por hacienda foral señalan que el 40% de estos grandes deudores -el listado afecta sólo a quienes acumulan obligaciones tributarias con Navarra por encima de los 250.000 euros-, son promotores y constructores, la mayor parte empresas en situación concursal. También aparecen empresas vinculadas a la distribución y alimentación, automóviles, distribución de productos petrolíferos y hostelería. La creación y publicación de este listado, una medida aprobada también en el Estado y en las Haciendas Forales de la CAV, se ampara, en que por encima de la privacidad de los datos tributarios se halla el importante perjuicio que estos comportamientos ocasionan a las arcas forales y a los intereses generales del conjunto de la sociedad navarra. Por ello, es aún más grave la aparición de personajes vinculados a la política, como el expresidente Urralburu, que sigue pagando su deuda con Hacienda pendiente desde hace más de dos décadas, o la presidenta del PP de Navarra, Ana Beltrán, cuya bodega familiar acumula una deuda fiscal de casi 700.000 euros, cuando ella misma ha sido una de las voces más críticas contra la reforma fiscal del Gobierno de Navarra que recuperó criterios de progresividad, redistribución de la riqueza e ingresos para atender los derechos sociales de navarros y navarras. La lucha contra el fraude fiscal y en ese contexto, el conocimiento público de quienes utilizan subterfugios jurídicos y y arquitecturas fiscales para intentar evadir sus obligaciones tributarias estafando al conjunto de la sociedad es una obligación legal, política, ética y democrática para garantizar la equidad fiscal a la que tienen derecho todos los ciudadanos y empresas y para impulsar una redistribución justa y solidaria de la riqueza.