solicitan la devolución del caso a Pamplona

Colectivos piden eliminar la calificación de delito de terrorismo en el 'caso Altsasu'

EFE - Miércoles, 27 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 14:42h.

PAMPLONA. Un total de 47 colectivos sociales y culturales han firmado un manifiesto en relación al 'caso Alsasua', con ocho jóvenes imputados por un delito de terrorismo, en el que han solicitado la eliminación de la citada calificación penal.

También se ha pedido el levantamiento de las medidas cautelares de prisión preventiva y la devolución del caso a Pamplona.

En conferencia de prensa y junto a representantes de los diversos organismos, los portavoces de Redes Cristianas de Navarra - Herri Eliza y Emakume Internazionalistak, Fernando Rey y Begoña Zabala, respectivamente, han leído en euskera y castellano la declaración.

El texto ha sido suscrito por entidades como SOS Racismo, Autobús de la Memoria, la editorial Txalaparta, Lunes Lilas, Iruñea Ciudad de Acogida, Médicos del Mundo Navarra, la coordinadora de ONGD de Navarra o la asociación para la defensa de la Salud Pública.

En el manifiesto muestran su rechazo a la calificación judicial de los hechos como delito de terrorismo, a la solicitud de penas de cárcel de entre 12 y 62 años, y al mantenimiento de tres jóvenes en situación de prisión preventiva "de manera arbitraria" desde hace diez meses.

Para los colectivos, "la inadecuación de las calificaciones penales a los hechos, el no cumplimiento de los requisitos jurídicos para el sostenimiento de las imputaciones y la falta de proporcionalidad", afirman, "vulneran las libertades, las garantías procesales y la seguridad jurídica que a todas las personas nos deben proteger".

Asimismo, consideran que "la calificación penal de los hechos y las desproporcionadas penas solicitadas generan alarma social" en tanto en cuando "superan a las penas aplicadas en delitos execrables".

"Y no resulta ajustada al grado de gravedad de las lesiones recogidas en los partes médicos", añaden.

En este sentido, inciden en que un sistema judicial que "no actúa debidamente produce desamparo e inseguridad a toda la sociedad, provoca un recorte de libertades y supone un antecedente peligroso".

También recuerdan que tanto el Parlamento de Navarra como el Ejecutivo foral se han pronunciado en contra de "estas sobreactuaciones judiciales y mediáticas".

Finalmente, destacan "el rigor jurídico" de la Audiencia Provincial de Navarra en el que argumentaba que "no se cumplen los requisitos para ni siquiera la consideración de existencia de indicios" para la calificación de delito de terrorismo.

En cualquier caso, señalan su "preocupación" por el desarrollo de los acontecimientos en el caso y consideran "fundamental" que la sociedad, representantes institucionales, medios de comunicación y sistema judicial "observen los criterios de cautela, ecuanimidad y proporcionalidad".

Además, Isabel Pozueta y Edurne Goikoetxea, madres de los jóvenes detenidos, han aseverado que "nuestra lucha trata de evitar injusticias, desproporciones y poner la voz y el énfasis en mantener los principios que un Estado de derecho debería garantizar".