El arzobispado desahucia a una octogenaria alquilada en la casa parroquial de Lizoain

Se llevará a cabo el lunes tras una sentencia del Juzgado de Aoiz La familia lleva 36 años en la vivienda con sucesivos contratos

P. Gorría/A. Ibarra | Oskar Montero - Sábado, 21 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 06:10h.

PAMPLONA- El Arzobispado de Pamplona pondrá fin el lunes a 36 años de arrendamiento de la familia de María Felicia Itoiz Zabalza, de 87 años, en la casa parroquial de Lizoáin. Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Aoiz admite la demanda de desahucio de la Iglesia navarra contra esta familia que se ejecutará este lunes a las 11.30 horas. La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro ha convocada una concentración de protesta desde las 10.00 en el pueblo por lo que consideran algo “legal pero profundamente injusto”, señala su presidente, Carlos Armendáriz. También el Ayuntamiento de Lizoáin-Arriasgoiti apoyará el lunes a Felicia y anima al vecindario a acudir a la protesta.

Un edificio hace de iglesia y de casa parroquial en el centro de la pequeña localidad de Lizoáin, de 60 habitantes. En un sencillo porche se abre a la derecha la puerta de la parroquia, que sigue abierta al culto de manera esporádica, y a la izquierda la que fuera casa parroquial, una humilde vivienda de 93 metros cuadrados en dos plantas. El 3 de agosto de 1981 el Arzobispado inmatriculó la casa en el Registro de la Propiedad de Aoiz, entonces todavía bajo el paraguas de la legislación franquista. La parroquia anexa la inmatriculó en 2003, ya con la nueva legislación de Aznar que permitió a la Iglesia también la inscripción de los lugares de culto.

En 1982 el Arzobispado cedió la vivienda a Gregorio Erburu y a su esposa María Felicia Itoiz, los carteros del valle. Era un contrato precario, sin contraprestación económica;no pagaban pero podían echarles en cualquier momento. La familia arregló a su cuenta la vivienda, “que estaba en ruinas”, señala Felicia. El siguiente data de 1986 y es ya un contrato de arrendamiento al uso, mediante el pago de una cantidad y con fecha de extinción. Los contratos se fueron renovando hasta el último de 2008 que expiraba en diciembre de 2015.

Antes del vencimiento de este contrato el Arzobispado les comunicó que el alquiler no iba a continuar e interpuso la demanda para que abandonaran la vivienda. Desde esa fecha el Arzobispado no ha cobrado la renta, aunque Felicia asegura que quería pagarla. Desde entonces el asunto se ha dirimido en los tribunales, hasta que el 28 de diciembre del año pasado el Juzgado de Aoiz dio la razón al Arzobispado aduciendo que la propiedad está en su derecho de recuperar la finca con el preaviso legal. No obstante, la sentencia contiene un significativo párrafo que el Arzobispado no ha atendido: “Distinto de ello (la legalidad) es que puedan pesar otro tipo de consideraciones, si se quiere de caridad para con la señora Itoiz y en base a ello el Arzobispado pueda reconsiderar su posición permitiendo permanecer en la vivienda a quien, teniendo ya cierta edad, considera que está en su casa de toda la vida”.

la postura del arzobispadoEn la actualidad en la vivienda reside de forma permanente un hijo de Felicia. Dada su avanzada edad, ella pasa largas temporadas en Mendillorri, en casa de otro hijo, aunque en verano vuelve a la que ha sido su hogar durante 36 años. Ni ella ni su familia entienden por qué se niegan a prorrogarles el alquiler o a venderles la casa. El Arzobispado justifica el desahucio en que la vivienda necesita reparaciones, “arreglos de filtraciones que afectan a otros vecinos y que se llevarán a cabo en cuanto sea posible”, señaló un portavoz, y aseguran que “en cuanto se arregle volverá a ser puesta en alquiler”. Sin embargo, esta explicación no convence a Felicia: “Es una excusa que sacan ahora;he hablado con los vecinos y para nada quieren que nos vayamos. Además las filtraciones se pueden arreglar saliendo de la vivienda el tiempo que hiciera falta, pero lo que quieren es echarnos;les pedí más tiempo para que mi hijo busque algo pero no hay forma”, señala Felicia.

Tampoco entienden la actitud del Arzobispado en el Ayuntamiento de Lizoáin-Arriasgoti, que se personó en el juicio y que el lunes estará apoyando a la familia. “Entendemos que la manera en que ha actuado el Arzobispado no es la correcta y tampoco tenemos claro para qué quiere ahora la casa”, afirma la alcaldesa, Amaia Ekisoain. Reconoce que hay que ejecutar la sentencia y asegura que la casa tiene un uso continuo y que se trata de una familia totalmente asentada en el pueblo. “Nos gustaría que el Arzobispado o el propio párroco nos explicaran por qué hacen esto”, añade.