Conciertos sociales y sociedad civil

Por Miguel Laparra - Sábado, 11 de Noviembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h.

La Ley Foral de Conciertos Sociales tiene un claro significado de reconocimiento al tercer sector, al papel que desarrollan las entidades de iniciativa social en el conjunto de la sociedad, especialmente en servicios sociales, pero también en salud. La función histórica que ha cumplido en el pasado es incuestionable. Ha sido clave como impulso a la innovación social a través de un proceso de identificación de nuevas necesidades, de reivindicaciones a los poderes públicos para que aportaran nuevas respuestas y nuevos recursos ante las mismas, y de puesta en marcha de programas y servicios que posteriormente iban siendo asumidos dentro del sistema público de servicios y prestaciones. En la actualidad, hoy mismo, incluso con un sistema público ya desarrollado en ambos ámbitos, las iniciativas que parten de este tercer sector, de las entidades de iniciativa social, tienen unas características relevantes que merecen también un reconocimiento y una atención. En primer lugar son iniciativas que parten de los propios afectados, de los sectores más vulnerables o de personas cercanas, suponen por su parte un esfuerzo de corresponsabilidad, un esfuerzo también de activación, de respuesta activa frente a sus propios problemas y tienen así mismo un efecto de empoderamiento, de refuerzo de sus propias capacidades.

En segundo lugar, es importante también la aportación de recursos complementarios al conjunto del sistema, tanto en servicios sociales como en salud, una aportación que en este momento es imprescindible. No se trata solo de recursos económicos, que también, sino de la aportación que supone el voluntariado como un recurso específico propio, un complemento esencial en muchos programas para asegurar esa dimensión más humana de la atención. Desde una perspectiva más cualitativa, las entidades de iniciativa social aportan elementos de flexibilidad en la gestión, pueden llegar, en ocasiones, donde la Administración tiene más dificultades para llegar y mejoran en última instancia, con todo ello, la eficacia y la eficiencia del conjunto del sistema.

Lo que se plantea, por todo ello, con esta Ley es un nuevo modelo de relación especial, preferente, con las entidades de iniciativa social, en el que los servicios públicos sociales y sanitarios y las entidades de iniciativa social están llamadas, a través de los conciertos sociales, a la colaboración, al partenariado, a construir objetivos comunes, a definir, de una forma compartida, programas y servicios e incluso, según prevé la propia ley, a encontrar cuando sea necesario y posible fórmulas de cofinanciación que supongan la posibilidad, la viabilidad y la sostenibilidad de los mismos.

La Ley de Conciertos Sociales supone un impulso y un desarrollo del sistema público de servicios y prestaciones, tanto en salud y en servicios sociales como en ese espacio intermedio de los servicios sociosanitarios. Gracias a los conciertos, actuaciones que ahora son subvencionadas podrán pasar a ser actuaciones concertadas, integradas por tanto en el sistema público. Se supera así la incertidumbre anual de las subvenciones, dando estabilidad y capacidad de previsión a las entidades sobre sus actividades, y permitiendo a los usuarios una continuidad en la atención más allá de las anualidades habituales en las convocatorias de subvenciones. Con todo ello, podrá pasarse de prestaciones que ahora mismo no están garantizadas a otras prestaciones plenamente garantizadas por el sistema público;y además todo ello dentro del marco de la planificación del sistema público en su conjunto. Una mejora tanto en términos de derechos, como también a los estándares de calidad.

Ya en los años 80, la Ley Foral 20/85, de Conciertos en Servicios Sociales, fue en su momento un instrumento interesante, pero posteriormente fue deteriorándose por un proceso de mercantilización al no preservarse esta actividad a las entidades de iniciativa social no lucrativas, acabando en varios casos con la intervención administrativa y judicial. Ahora, la nueva Ley Foral pretende evitar estos errores del pasado. Se definen muy claramente las características que han de cumplir las entidades llamadas a concertar, qué se entiende exactamente por carácter no lucrativo, no solo como una formalidad, sino yendo al fondo de su significado. Se introducen también mecanismos de control, de seguimiento y de evaluación, caso a caso. Con todo ello, lo que se pretende es evitar desviaciones de una correcta utilización de esta fórmula y posibilitar también la máxima transparencia en la gestión de recursos públicos por parte de las entidades sociales. Esta ley supone, además, una apuesta por la calidad del empleo en los servicios sociales, por el reconocimiento a la aportación que han venido realizando los trabajadores de estas entidades de iniciativa social, apostando por la estabilidad en los contratos y por la mejora salarial en una tendencia hacia la equiparación con los empleados públicos.

La ley presenta claramente un carácter subsidiario y complementario para los conciertos sociales respecto de la gestión pública. No es una opción para privatizar servicios. No debe ralentizar siquiera una posible reasunción de servicios previamente externalizados. Es preferentemente una alternativa a la mercantilización. Sin negar las virtudes del mercado, que las tiene, hay espacios de la actividad colectiva que deben ser preservados fuera del mercado, y aquí hay un espacio que es justamente objeto de esta especial preservación. Esta es justamente la línea que marcan la directivas europeas que hacen posible esta ley.

En contraste, y como complemento de esta ley, es conveniente recordar el mecenazgo social. El mecenazgo social aporta a las entidades sociales una gran capacidad para captar recursos de la ciudadanía, que posteriormente son financiados hasta en un 80% por la Hacienda Foral, y dedicarlos a aquellas actividades que las entidades consideren libremente, con plena autonomía y sin ningún tipo de constricción administrativa.

Estos dos nuevos mecanismos, conciertos sociales y mecenazgo social, se unen a otras vías ya existentes de apoyo a las entidades sociales, que por supuesto seguirán, como las subvenciones, especialmente con cargo al fondo del 0,7 del IRPF, ya tradicionales, o la participación posible siempre en los contratos públicos. Pero especialmente estos dos nuevos mecanismos, conciertos sociales y mecenazgo social, suponen un cambio estructural en la relación de los poderes públicos con la sociedad civil. Es una nueva forma de desarrollar un trabajo conjunto. Pretende una combinación equilibrada entre, por un lado, la colaboración, la corresponsabilidad y la participación en la gestión por parte de las entidades sociales, y por el otro lado, la capacidad de representación ciudadana, de dinamización social, y en ultima instancia también, la función de reivindicación frente a los poderes públicos, que es lo que nos ha movido y lo que explica en buena medida los niveles de bienestar y de cohesión social alcanzados.

Entiendo que después de muchos años de dificultades pasados por las entidades de iniciativa social en Navarra, después de años de constricción presupuestaria, después también de una experiencia muchas veces plagada de trabas burocráticas para el desarrollo de su función, la Ley de Conciertos Sociales pretende dar a las entidades de iniciativa social el tratamiento que merecen por todo lo dicho anteriormente, por esa función social que ahora queremos reconocer. Es lo que merecen y así lo ha afirmado el Parlamento de Navarra.

El autor es vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra