¿Es posible una nueva Ley Foral del Euskera?

Domingo, 12 de Noviembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h.

el Parlamento de Navarra aprobó el día 27 de noviembre durante el Debate sobre el Estado de la Comunidad, entre otras, una propuesta de resolución con el compromiso de constituir una comisión especial para que en el plazo de seis meses se proceda a elaborar una propuesta para una nueva Ley Foral del Euskera, con unos principios inspiradores concretos, como son el cumplimiento de los derechos lingüísticos de la ciudadanía navarra, la superación de la zonificación lingüística, la oficialización del euskera en toda Navarra, partiendo de las diferentes realidades sociolingüísticas del territorio y adecuándose a ellas, y la voluntad de abordar este proceso de manera participativa, contando con las aportaciones de las entidades locales interesadas, los agentes sociales y los sindicales.

La propuesta se aprobó con 24 votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu y Podemos-Ahal Dugu, la abstención de I-E y los votos en contra de UPN, PSN y PPN.

Esta decisión, que abre la puerta a un debate social y político necesario, tiene dos principios de gran calado: el cumplimiento de los derechos lingüísticos de la ciudadanía, sea ésta castellanohablante o vascohablante, y la toma en consideración de las diferentes realidades sociolingüísticas que se dan en Navarra, adecuándose a ella.

La propuesta salió adelante por la ausencia en la sesión de un parlamentario de UPN, lo que ha originado cierto debate entre los partidarios de mantener la actual ley que, en nuestra opinión, no garantiza los derechos lingüísticos y una zonificación que delimita esos derechos. El malestar que ha despertado en las filas más reaccionarias esta ausencia no augura un debate constructivo.

Frente a posturas extremas, partidarias del monolingüismo castellano o euskaldun, en Geroa Bai abogamos por el plurilingüismo inclusivo que incluya castellano, euskera, inglés, francés… Todo ello sin perder el referente que debería estar en el centro del debate: el reconocimiento de derechos lingüísticos de toda la ciudadanía. No se debe equiparar la posición que considera insuficientes los avances que posibiliten aumentar la presencia del euskera en la sociedad, en la administración y en la enseñanza con la que considera que cualquier avance en este sentido es excesivo y hasta peligroso. Porque la primera está en la línea de fomentar el euskera y la segunda en la de impedir su desarrollo.

Que el desarrollo normativo atienda a la realidad sociolingüística y que las políticas lingüísticas deban aplicarse teniendo en cuenta esa zonificación es una cosa, y otra muy diferente que el reconocimiento de derechos pueda estar condicionado por ser considerado excesivo o peligroso. Si se reconocen los derechos de toda la ciudadanía no puede limitarse su ejercicio más allá de que la realidad condicione su aplicación o la forma en que deba ser atendido el derecho.

La Ley Foral del Euskera está superada por la realidad. La ley contiene aspectos positivos como el de reconocer el derecho de toda la ciudadanía a conocer y usar el euskera. Pero tiene dos grandes carencias: la oficialidad del euskera está limitada a una zona y la zonificación no se ha aplicado desde la perspectiva de fomento sino desde un criterio restrictivo. Y tanto la propia ley como la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias permiten una lectura más abierta que, por desgracia, no suele ser la que realizan los jueces o la que han aplicado los responsables políticos.

El debate sobre la oficialidad no es nuevo. En el proceso llevado a cabo para aprobar la Lorafna, el 3 de noviembre de 1980 el Pleno del Parlamento de Navarra aprobó por mayoría que el euskera y el castellano fueran lenguas oficiales en toda Navarra. Pero la Comisión Negociadora, integrada por una mayoría conservadora, modificó este acuerdo parlamentario dándole la redacción que definitivamente se aprobó estableciéndose así la oficialidad con base en la zonificación.

Partidos que durante el debate de la Ley Foral del Euskera en 1986 argumentaban que el “proyecto de ley sirviera para acercar a la minoría vascoparlante y a la mayoría navarra castellanoparlante” o que “posibilite en el futuro que si los navarros así lo desean y lo eligen, los ciudadanos navarros sean todos bilingües y se comuniquen en la lengua navarra que quieran”, y votaron a favor de la ley, hoy reniegan de sus planteamientos de entonces.

La oposición tiene ahora la ocasión de demostrar que lo de la realidad sociolingüística va más allá de un estribillo recurrente y que está dispuesta e entrar en el fondo de la cuestión porque la aplicación de medidas acordes con las diferentes realidades sociolingüísticas no es equiparable con una zonificación inamovible que recorta derechos a la ciudadanía navarra. Una zonificación construida sobre muros infranqueables nada tiene que ver con derechos y sí con imposición, porque los derechos no se pueden zonificar.

Finalizamos trayendo aquí la propuesta con que Miguel Izu realiza en la parte final de su artículo Política lingüística, el cambio necesario publicado en DIARIO DE NOTICIAS el día 5 de noviembre: “cooficialidad de lenguas en todo el territorio y zonificación de las políticas lingüísticas, no zonificación versus cooficialidad en todo el territorio, debería ser un nuevo paradigma a debatir. Si realmente queremos debatir”. Por nuestra parte, solo cabe añadir que tenemos disposición total al debate y estamos abiertos a llegar a acuerdos.

Firman este artículo: Virginia Alemán, Koldo Martínez (parlamentaria y portavoz parlamentario) y Jabi Arakama, miembros de Geroa Bai