La corriente recentralizadora apunta ya al régimen foral

El PP refuerza la visión centralista del Estado ante la presión política de Ciudadanos, que recupera sus críticas a la autonomía financiera como reclamo electoral
El Convenio sigue pendiente

Ibai Fernandez - Lunes, 13 de Noviembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h.

PAMPLONA- “La crisis catalana dispara a Ciudadanos en el CIS”, titulares de un destacado medio madrileño para ilustrar el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, que daba al partido de Albert Rivera un aumento de tres puntos. El proceso independentista catalán no solo ha agitado las aguas en Catalunya, también en el resto del Estado, donde ha despertado una pasión nacionalista que solo se había dejado ver en los grandes eventos deportivos. Enseñas y proclamas patrióticas que van más allá del momento coyuntural, y que son la respuesta de una visión del Estado más jacobino y centralizado que empieza a dudar del sistema autonómico de 1978.

La crisis económica también ha mostrado las costuras de una organización administrativa que pronto cumplirá 40 años con un consenso generalizado de la necesidad de una reforma. De momento, PP y PSOE ya han pactado poner en marcha una comisión permanente en el Congreso que revise el modelo territorial. Sin embargo, la dirección en la que apuntan unos y otros protagonistas es en muchos aspectos opuesta. Y aunque el objetivo, al menos público, es dar una salida al problema catalán, a nadie se le escapa que el resultado final del debate afectará al propio modelo de Estado.

También al régimen foral, que una vez más vuelve a estar en el punto de mira de quieres ven las excepciones de Navarra y la CAV como una anomalía. El problema para los territorios forales es que la corriente recentralizadora llega esta vez con más fuerza que nunca. A PP y PSOE les ha salido un nuevo competidor en su visión jacobina del Estado, que sin vinculación histórica con el 78 ni responsabilidades institucionales habla abiertamente de una uniformización del modelo territorial.

Con 32 escaños y la simpatía de buena parte de la prensa madrileña, Ciudadanos cuenta con altavoces para hacer llegar un mensaje que siempre ha tenido buen predicamento en una parte importante de la sociedad española, que hasta ahora se había mantenido contenida dentro de los dos grandes partidos, siempre cómodos en el status quo. Salvo las habituales declaraciones de algunos dirigentes regionales, tanto PP como PSOE han venido respetando hasta ahora la excepción fiscal.

Pero el conflicto catalán ha dado alas a Ciudadanos, que esta semana ha vuelto a poner el foco sobre la autonomía económica de la CAV y Navarra. “El cupo lo pagan las comunidades del régimen común, que llevan tres años esperando que se renueve el sistema de financiación autonómica y ven cómo se acuerda a oscuras y a puerta cerrada”, denunciaba en el Congreso su portavoz, Juan Carlos Girauta, consciente de la rentabilidad electoral del discurso antiautonomista. A él se ha abrazado ya sin complejos Ciudadanos para remontar en las encuestas gracias a que el debate político gira casi en exclusiva en torno al modelo territorial. Un camino en el que empieza a arrastrar al PP, que temeroso de una fuga de votos agita también la bandera centralista.

La reforma constitucionalA la espera del escenario que dejen en Catalunya las elecciones del 21-D, el debate constitucional se abrirá con más fuerza en la próxima primera. Lo hará con las mayorías actuales en Madrid, lo que en principio parece blindar el régimen foral, que cuenta con el apoyo en el Congreso de PP, PSOE y Podemos. “Suprimir el Convenio Económico no es una prioridad porque ahora no tenemos mayoría”, apuntó el propio Rivera en su última visita a Pamplona.

Ha pasado casi un año desde entonces, y Ciudadanos ha vuelto a ver el filón. Quizá no tanto como para proponer directamente la supresión del Convenio navarro y del Concierto vasco, pero sí como para poner sobre la mesa un agravio con fuerza suficiente como para arrastrar a PP y PSOE. De la nación de naciones que planteó Pedro Sánchez tras su victoria en las primarias poco más se ha sabido, y en el PP ya hay quien habla abiertamente de recuperar competencias para el Estado. “No se si estamos en el momento de ampliar competencias o de que el Gobierno central recupere políticas públicas esenciales”, apunta el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Con la crisis como excusa, el Estado ya ha limitado estos últimos años el margen de inversión pública de Navarra, y ha condicionado aspectos clave como la gestión del personal público o la posibilidad de generar nuevos tributos. Y ahora se plantea también la revisión de algunas competencias como Educación, que con el argumento de un supuesto “adoctrinamiento” nacionalista se pretende fiscalizar en el futuro desde Madrid. Una iniciativa rechazada recientemente en el Congreso, curiosamente, con el apoyo de UPN.

Es el escenario en el que Navarra encara un debate que llega tras varios años de progresivo deterioro del autogobierno, y en el que presumiblemente volverá a salir la Transitoria Cuarta como espantajo habitual. Una salvedad constitucional que deja en manos de los ciudadanos navarros la posible vinculación con Euskadi, pero cuya supresión centrará la atención por encima de otras cuestiones mucho más importantes en el día a día. Sobre todo el Convenio Económico, que corre el peligro en convertirse el gancho electoral con el que seducir a la creciente visión centralista del Estado. Y que pese a las buenas palabras del ministro Cristóbal Montoro, sigue pendiente de un acuerdo con Madrid. Toca navegar, y viene marejada.