Editorial de diario de noticias

También indefensión en el ‘caso Alsasua’

Si todo el procedimiento judicial en la Audiencia Nacional muestra evidencias de desproporción y vulneración del derecho a una justicia garantista y democrática, ahora los abogados advierten del veto a la presentación de pruebas

Miércoles, 15 de Noviembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h.

la comparecencia en Madrid de los abogados de los jóvenes de Alsasua implicados en una presunta agresión a dos agentes de la Guardia Civil en un bar de la localidad a altas horas de la madrugada para denunciar la indefensión de sus defendidos es un paso más de extrema gravedad en este caso de sobreactuación judicial de la Audiencia Nacional que está acumulando un sinsentido tras otro. Los abogados advirtieron de la vulneración de los derechos de los jóvenes de Alsasua -tres de los cuales cumplieron ayer un año de prisión preventiva incondicional-, al negarse la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para su práctica en el acto del juicio oral que se celebrará en los próximos meses la mayor parte de las pruebas solicitadas por las defensas, mientras ha admitido la práctica totalidad de las pruebas testificales, periciales y documentales interesadas por el Ministerio Fiscal y el resto de las acusaciones personadas. Si la denuncia de los abogados es cierta, los jóvenes de Alsasua implicados en este caso -cabe recordar que se les piden 375 años de cárcel en conjunto por un presunto delito de terrorismo- verían una vez más, desde el principio de este oscuro y politizado proceso, vulnerado su derecho a una justicia garantista y democrática y a un proceso judicial justo. Cabe recordar que este caso inició su andadura judicial en la Audiencia de Navarra por acusaciones de agresión, pero la presión política y la intoxicación mediática acabaron derivándolo a la Audiencia Nacional como un presunto delito de terrorismo -una tipificación desproporcionada y fuera de lugar respecto a los hechos a tenor de los datos manejados en los primeros informes policiales y de la opinión de numerosos juristas-amparado en la modificación del Código Penal que aprobó la mayoría absoluta del PP y que ha sido denunciado por organismos internacionales, incluida la ONU, por su vulneración de derechos civiles y libertades democráticas. La denuncia de indefensión y lo que de vulneración de derechos conlleva se suma a lo que está siendo un anacronismo doctrinal y un procedimiento extemporáneo, al desarrollarse seis años después del cese definitivo de la violencia y consumado el de-sarme de ETA. Lo que no cesa es la banalización del terrorismo -las acusaciones de la juez Lamela y de la Fiscalía se fundamentan sólo en los informes y las valoraciones de la Guardia Civil-, como tampoco la criminalización pública de todo el pueblo de Altsasu.