Día de la Constitución: todo por repensar, mucho por cambiar

Por Laura Pérez Ruano Thomas Jefferson - Miércoles, 6 de Diciembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h.

El poder constituyente de hoy no puede condicionar el poder constituyente del mañana.

cada día son más las voces que claman la necesidad de impulsar nuevos procesos constituyentes que desemboquen en la revisión de nuestra Carta Magna, la Norma Normarum, que además de blindar el Régimen del 78 impide una democracia plena. ¿Pero de qué hablamos cuando enarbolamos tan legítima reivindicación frente a quienes, erigiéndose como “constitucionalistas”, se niegan a plantear una revisión total de la Constitución?

En toda democracia, el poder constituyente es el derecho y la capacidad que tiene el pueblo para darse una organización jurídico política, asumiendo esta decisión en cualquier momento. Serán, por lo tanto, los poderes constituidos, los que nacen de esa voluntad suprema del poder constituyente, los que tienen el deber de acatar ese mandato y no al revés.

Si la soberanía reside en el pueblo del que emanan el resto de poderes, no cabría invocar el carácter irreformable de una Constitución, que no ha sido votada por cerca del 70% del censo actual;del mismo modo que es falso argüir que su modificación es posible por las vías que la misma establece. Según el artículo 168 de la Constitución, cualquier cambio que afecte a los derechos fundamentales, al Título de la Corona o a su total reforma, requeriría del apoyo de los 2/3 del Congreso y del Senado, disolución de las Cortes Generales, que las nuevas cámaras ratifiquen tal decisión y que el nuevo texto legal sea aprobado nuevamente por 2/3.

Con el actual sistema electoral que favorece a los dos grandes partidos, otorgándoles una sobrerrepresentación que no responde al pluralismo político existente en la sociedad y que distorsiona los resultados hasta tal punto que en el Senado, con un 33% de los votos, el PP cuenta con el 67% de los escaños, ¿cómo podrían alcanzarse los 274 escaños de 350 del Congreso y los 178 de 266 en el Senado, que serían necesarios para plantear la revisión total de la Constitución? Es una condición imposible que impide cualquier demanda social fuera del marco jurídico establecido;sea para reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos, constituir una o varias repúblicas en un hipotético Estado federal o confederal, o para equiparar derechos sociales como el trabajo o la vivienda, a los restantes derechos fundamentales, actualmente vaciados de contenido por el artículo 135 CE que prioriza el pago de la deuda a las necesidades básicas.

Cualquier iniciativa en esta línea sería automáticamente vetada desde los poderes constituidos, tanto del Congreso como del Senado o como hemos visto también, por un Tribunal Constitucional que suspende Estatutos de Autonomía, declara inconstitucional un referéndum demandado por el 80% de la población catalana o suspende ad perpetuam e incumpliendo su propia ley orgánica, aquellas leyes autonómicas surgidas de sus órganos legislativos. ¿Cómo un órgano compuesto por 12 miembros (4 de ellos elegidos por el Congreso, 4 por el Senado, ambos por mayoría de 3/5 y por lo tanto a criterio del PP y PSOE, 2 por el gobierno y otros 2 por un Consejo General del Poder Judicial) puede interferir en la soberanía de las cámaras territoriales? ¿Dónde queda la separación de poderes cuando el Ministerio Fiscal, responsable de velar por la legalidad y el interés público, se rige por el principio de jerarquía en lugar del principio de independencia y en el que su máximo representante, el Fiscal General del Estado, es directamente designado por el Gobierno? Solo así puede entenderse la cada vez mayor judicialización de la política, como la politización de la justicia que, sin pretender denostar la honesta y profesional acción judicial de muchos de sus miembros, en ocasiones parece un apéndice más del poder político y por consiguiente, connivente con los intereses de los poderes económicos, que para la consecución de sus fines se han valido de la corrupción en sus distintas formas como mecanismo de control de unos partidos políticos a su servicio.

Partidos políticos que, en esta monarquía parlamentaria, son el único cauce de expresión de la soberanía popular, limitada a votar una vez cada cuatro años;incapaces de garantizar una democracia interna y donde sus aparatos pueden terminar por alejarse de la voluntad de sus bases, sin que la ciudadanía disponga de otros mecanismos de fiscalización de las instituciones ni participación directa en éstas, más allá del referéndum consultivo y nunca vinculante, cuando el Gobierno así lo autorice o las iniciativas legislativas populares, expresamente vetadas para materias que se rigen por ley orgánica y en particular para las leyes tributarias que condicionan nuestra economía y por lo tanto nuestras vidas.

Jugamos, por tanto, con las cartas marcadas, bajo una aparente democracia que no es tal, en la que el Gobierno central ha entregado su soberanía a unas instituciones europeas que responden a los intereses de una pequeña oligarquía transnacional, financiera e industrial;donde las grandes empresas se encuentran con un mercado común y unas condiciones de devaluación fiscal sumamente ventajosas para sus negocios;mientras a la gran mayoría se nos aplica una austeridad durísima, con recortes en derechos sociales, servicios públicos y un modelo de relaciones laborales permanentemente degradado. Sin soberanía económica tampoco podrá haber soberanía política, más allá de la literalidad de una Constitución nunca aplicada en sus postulados más interesantes, como el que posibilitaría poner toda la riqueza del país al servicio del interés general para garantizar el derecho a una vida digna para todas las personas.

Por ello urge impulsar procesos constituyentes republicanos y feministas desde todos los territorios del Estado que lleven a nuevas formas de organización social, económica y política que solidariamente con otros pueblos de Europa, nos permitan consolidar una verdadera democracia. La autora es parlamentaria de Podemos Ahal Dugu