grabaciones sin autorización judicial

La defensa del 'caso de Miguel' esgrime el 'caso Guateque' para solicitar la nulidad del juicio

La causa sobre una trama de licencias irregulares en el Ayuntamiento de Madrid fue anulada por una grabación obtenida sin permiso judicial

EP - Jueves, 11 de Enero de 2018 - Actualizado a las 13:53h.

GASTEIZ. La defensa de dos empresarios catalanes acusados en el 'caso de Miguel' ha solicitado al tribunal que juzga este asunto que aplique el mismo criterio establecido por la Audiencia Provincial de Madrid en el 'caso Guateque' y anule todo el procedimiento, al considerar que está "invalidado" porque las grabaciones de audio que propiciaron el inicio de la investigación sobre esta presunta trama de corrupción fueron obtenidas sin autorización judicial.

Esta petición ha sido planteada por el abogado de Francesc Fernández y Plácid Casas en la sesión de este jueves del juicio por el 'caso de Miguel', en el que hay 26 personas acusadas por una presunta red de corrupción y cobro de comisiones ilegales por la concesión de contratos públicos.

En esta vista, que se celebra en la Audiencia Provincial de Álava, los empresarios catalanes Francesc Fernández y Plácid Casas se enfrentan a posibles penas de prisión de siete años y seis meses de cárcel por presuntos delitos relacionados con una operación urbanística en Zambrana (Álava).

Este fallido proyecto urbanístico, con el que se pretendía poner en marcha un polígono industrial mediante una recalificación de terrenos supuestamente irregular, es una de las ramificaciones del presunto entramado de corrupción que, según el criterio de la Fiscalía, lideraba el ex 'numero dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel.

La investigación en torno a esta trama se inició en 2009, a raíz de la denuncia de una empresaria que aportó como prueba varias grabaciones de audio que acreditaba el presunto cobro de comisiones ilegales para acceder a unos contratos públicos en el Parque Tecnológico de Miñano.

En las primeras dos sesiones del juicio, celebradas el lunes y el martes de esta semana, las defensas de De Miguel y de otros acusados solicitaron la nulidad total del procedimiento judicial, con el argumento de que existen indicios de que las grabaciones estaban "manipuladas".

PRUEBAS "CONTAMINADAS" Además, afirmaron que la cadena de custodia del dispositivo con el que se habían realizado las grabaciones se había "vulnerado" durante la fase de instrucción del caso. De esa forma, denunciaron que todas las investigaciones que se habían realizado a partir de esa grabación estaban invalidadas, dado que estaban "contaminadas".

Este jueves, la defensa de Fernández y Casas ha recurrido a un nuevo argumento para tratar de invalidar el valor probatorio de la grabación y, en consecuencia, de todo el procedimiento desarrollado a partir de la misma.

En este caso, el abogado de los empresarios catalanes se ha centrado en el hecho de que las grabaciones obtenida por la empresaria Ainhoa Alberdi se llevaron a cabo sin autorización judicial.

El representante de Fernández y Casas ha recordado que la Audiencia Provincial de Madrid absolvió el pasado mes de junio a todos los procesados del juicio por el 'caso Guateque', al considerar que todas las pruebas practicadas durante la instrucción son "nulas" y "carentes de validez", ya que la grabación que dio origen a la investigación judicial fue realizada sin autorización del juez y al margen de cualquier procedimiento penal.

Dichas grabaciones se realizaron a instancias de la Guardia Civil, que incluso entregó la grabadora a la persona que registró las conversaciones sobre los presuntos sobornos para agilizar la concesión de licencias municipales en Madrid.

"MÉTODO FRAUDULENTO" En la sentencia, el juez argumenta que esta prueba se obtuvo mediante "un método fraudulento", con el objetivo de iniciar un proceso penal a través de "el ardid de presentar la grabación de unas conversaciones obviando el dato esencial relativo al método empleado para su obtención".

No obstante, en el 'caso de Miguel', las grabaciones obtenidas por Ainhoa Alberdi fueron realizadas por iniciativa de la propia empresaria, que posteriormente las entregó como prueba junto a la denuncia que presentó en un juzgado vitoriano.

El juicio sobre esta presunta trama de corrupción se reiniciará el próximo jueves, en una sesión en la que la Fiscalía expondrá sus argumentos frente a ésta y el resto de las peticiones realizadas por las defensas en las tres primeras sesiones del juicio.