El gobierno de UPN avaló la planta de Ultzama sin medir riesgos técnicos ni su viabilidad económica

Nafinco, ahora integrada en Sodena, respaldó con casi un millón de euros el proyecto en marzo de 2010
Fue una de las pocas garantías por la que tuvo que pagar la Administración

A. Irisarri | Javier Bergasa - Sábado, 13 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:10h.

Pamplona - El último Gobierno de UPN respaldó con 900.000 euros el proyecto de la planta de biogás de Ultzama que, apenas cuatro años más tarde, entró en concurso de acreedores y terminó cerrando llevándose consigo más de 3,2 millones de dinero público. Lo hizo en 2010, a través de la sociedad pública Nafinco, integrada hoy en Sodena, con la que se avalaron dos créditos bancarios que la insolvencia del proyecto obligó a que fuesen ejecutados por las entidades financieras, que ya han recibido al menos 818.002 euros de dinero público, según constata Comptos en su informe de fiscalización publicado en abril de 2017.

La operación, promovida desde la sociedad de riesgo, hubiese sido hasta cierto punto entendible siempre que los avales se hubiesen concedido en circunstancias normales. Es decir, ofreciendo ciertas garantías dentro de la incertidumbre de una nueva inversión. Pero sucedió todo lo contrario: Nafinco avaló sin examinar por sus propios medios la solvencia técnica de los promotores de la planta (una mercantil recién creada, integrada por ganaderos y pequeños empresarios de la zona y que no contaba entre su personal con expertos en procesamiento de residuos), dando por buena como garantía la concesión administrativa y sin revisar a fondo un plan de negocio que falló desde el primer día.

Todo esto quedó claro en la primera comparecencia de la comisión de investigación de la planta de Ultzama tras el parón navideño, y que concitó en el Parlamento foral a Pilar Irigoien, actual directora gerente de Sodena, y José María Montes, director de inversiones de la sociedad de riesgo. Y si bien es cierto que Irigoien no pudo responder por las actuaciones que se hicieron hace siete años (accedió a su cargo en 2015), sus declaraciones y su repaso histórico del caso permitieron entrever de qué manera se funcionó desde la sociedad avalista. Con arreglo a la norma, como refleja el informe de Comptos. Pero con un resultado también por todos conocido: fracasando en uno de los pocos proyectos por el que Sodena tuvo finalmente que responder, teniendo en cuenta que entre 2009 y 2012 la sociedad de riesgo navarra respaldó con 280 millones cerca de 3.000 proyectos, de los cuáles solo un 3,2% resultaron fallidos.

EL DIAGNÓSTICO, DE LOS BANCOS La explicación que dio Irigoien para justificar la falta de evaluación en la solvencia técnica encaja con la de una responsable de una empresa que se dedica a jugársela. “Partimos del inicio de que nadie arriesga pensando perder, el proyecto tenía unos promotores y tenía un millón de euros. No se estudió la solvencia técnica de ellos en ningún momento. Ni en esa ni en ninguna otra de las 3.000 operaciones”, comparó Irigoien, quien explicó que la tónica de los avales depende mucho del criterio de las entidades financieras. Nafinco avalaba el 50% de un préstamo si tiene el visto bueno del departamento de riesgos del banco. Y con eso suele bastar.

Eso ocurrió también, por ejemplo, a la hora de que el proyecto aportase su garantía suficiente, uno de los requisitos que tenían que cumplir las mercantiles atendiendo a, precisamente, un acuerdo entre Nafinco y algunas entidades bancarias para sufragar determinadas líneas de gasto. En el caso de Ultzama, los bancos aceptaron la concesión administrativa de la planta como garantía suficiente, algo que fue cuestionado por el parlamentario Adolfo Araiz (EH Bildu). “Fue una garantía especial y determinar la suficiencia o no depende de muchas vertientes”, razonó Irigoien, quien apuntó a que “el hecho de considerar la concesión administrativa como un bien suficientemente sólido depende del mantenimiento de la infraestructura”, por ejemplo. “Algo que en este caso ha sido muy negativo”, consideró, teniendo en cuenta el estado de ruina en el que estaba la planta según atestiguaron varios informes periciales de 2014 y 2016 adjuntados por Comptos, y en los que se cuestionaba la calidad de la maquinaria checa de la planta.

También del departamento de riesgo de los bancos dependía el estudio del plan de viabilidad de la planta. Tal y como denunció Araiz, para conceder los préstamos uno de los bancos dio por buenas unas previsiones de ingresos de la planta que nunca se cumplieron. La venta de electricidad y vapor, con las que se pensó ingresar el 60% del dinero, siempre fue deficitaria. Tampoco era real ese 18% de ingresos a través de venta de compost, cuando de la planta no salió un gramo de abono en sus seis años de existencia. “Al margen de valoraciones a posteriores, la validez del diagnóstico del banco deja mucho que desear: se cubrieron las espaldas con un 50% de dinero público, aunque hayan tenido al final pérdidas”, zanjó Araiz.