Vecinos de Figarol reclaman que el alcalde de UPN devuelva el dinero que debe al concejo

Acuden al Parlamento 8 meses después de que el TAN les diera la razón
Denuncian “irregularidades” en el alquiler de un local del que es responsable Rafael Martínez (UPN)

Virginia Urieta / Iban Aguinaga - Jueves, 18 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:13h.

Pamplona - Meses después de que el Tribunal Administrativo de Navarra diera la razón a los vecinos de Figarol ante las irregularidades en el alquiler del local concejil La Residencia, convertido ahora en albergue y por el que reclaman una suma de 16.500 euros al presidente del concejo, Rafael Martínez (UPN), los vecinos -constituidos en plataforma- acudieron ayer al Parlamento en busca de ayuda para denunciar un “agravio” para el que no encuentran solución.

“Hemos tenido que hacer una colecta para pagar un abogado y no nos gusta tener que recurrir a ello, pero pedimos a UPN que haga recapacitar al presidente y al TAN que haga efectiva la sentencia. Llevamos más de 8 meses reclamando una deuda que es un dineral para un pueblo como Figarol”, lamentaron.

Los hechos se remontan a 1998, cuando el Gobierno de Navarra cedió por un periodo de 9 años y medio La Residencia al concejo, y éste a su vez a la asociación hípica Doshaches -de la que es presidente Rafa Martínez- con la condición de que se acondicionara el edificio, que se encontraba en estado de deterioro. En 2008 se estableció una nueva cesión, pero fijando una renta de 450 euros al mes, cifra que fue abonada hasta el primer trimestre de 2012.

Tal y como explicaron los vecinos Eduardo Traguany -expresidente del concejo-, Agustín Fadrique y Antonio Pérez de la Iglesia, a partir de abril de 2012 la asociación comenzó a pagar, sin que existiera acuerdo alguno de Pleno para reducir la renta y coincidiendo con el nombramiento de Rafael Martínez como presidente del concejo, 162,02 euros al mes en lugar de 486,66 euros (aplicando la subida del IPC) establecidos.

Martínez lo achacó a un “error administrativo”, que además resolvió eliminando en mayo de 2016 -por dos votos a favor y uno en contra- la tasa cobrada por el arrendamiento del edificio. Esta cuestión fue denunciada ante el TAN, que el pasado mes de abril dio la razón a los vecinos a la hora reclamar los débitos no satisfechos.

“Este inmueble aportó beneficios económicos al pueblo durante años, que desde 2012 hasta 2017 han supuesto que se dejen de percibir 22.500 euros, aunque desgraciadamente sólo se va a poder recuperar lo que no ha prescrito todavía”, denunciaron ayer los afectados, que explicaron que “en la actualidad, sin contrato alguno, se lucra del alquiler la empresa privada Explotaciones Bardenas a través de la asociación Club Hípico Doshaches, de la que es responsable el alcalde de Figarol”.

La cesión del edificio, recordaron, culmina a finales del próximo marzo “y queremos saber qué podemos hacer, os pedimos que seáis vigilantes para que el beneficio al menos sea para los vecinos de la localidad y no para un uso particular”. Demandaron, además, que UPN “asuma su responsabilidad política” contra Rafael Martínez y los concejales Daniel Remón y Cristina Alfaro, ya que “no han defendido los intereses del pueblo y sí los privados del presidente, lo que puede ser constitutivo de desobediencia y malversación”.

Batalla regionalista La parlamentaria de UPN, Mari Carmen Segura, se escudó en que se trata de un conflicto entre cargos regionalistas. “Tanto el recurrente como el recurrido son regionalistas, es un asunto que está donde está por concejales de UPN que han denunciado”. Opina que “poco puede hacer el Parlamento al respecto”, dado que son los tribunales y el Gobierno “quienes tendrán que actuar y decidir”.

También el resto de grupos recalcaron la falta de competencia de la Cámara Legislativa a la hora de solventar este problema, aunque desde Geroa Bai, Unai Hualde se comprometió a conseguir información respecto al inmueble. “Hay síntomas de una forma de gobernar rechazable y actuaciones cuestionables al poner intereses privados por delante de los públicos. Se agrava que una resolución del TAN obligue a reclamar unas cantidades que el presidente elude devolver”, indicó.

Desde EH Bildu, Maiorga Ramírez indicó que su grupo “valorará qué medidas se pueden llevar a cabo” y que denunciarán la situación de los vecinos, mientras que desde Podemos Rubén Velasco valoró que los vecinos velen por el interés común. Conchi Ruiz (PSN) destacó que son los vecinos los que decidirán si la situación continúa en las próximas elecciones, y José Miguel Nuin (I-E), que echó en falta “la otra versión”, se comprometió a hablar con el Gobierno para conocer el futuro de las instalaciones, dado que su cesión culmina en los próximos meses.