La recaudación tributaria creció en Navarra el doble que en el Estado

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso. (EFE)
Mikel Aranburu y Cristóbal Montoro, en la reunión de la Comisión Coordinadora entre Navarra y el Estado para abordar la actualización del Convenio Económico. (D.N.)

En 2017 los ingresos aumentaron un 6,3% en el régimen común y un 13,3% en la Comunidad Foral
El Gobierno central sopesa nuevas medidas fiscales para mejorar la financiación autonómica

Ibai Fernandez - Lunes, 5 de Febrero de 2018 - Actualizado a las 06:02h.

Pamplona - La mejora económica propició un aumento de la recaudación en el conjunto del Estado durante el pasado año del 6,3%, una cifra que sin embargo supone la mitad de lo que mejoraron los ingresos fiscales en Navarra en el mismo periodo, y que alcanzó un aumento del 13,3% respecto al ejercicio anterior, más de lo presupuestario inicialmente. Al contrario, los ingresos de la Hacienda estatal fueron inferiores al 7,9% estimado en un principio, lo que supuso cerca de 3.000 millones menos de los previstos.

Los datos, avanzados por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, muestran una diferencia notable entre la Hacienda foral y la estatal, que generalmente tienen una evolución recaudatoria más o menos parecida. De hecho, el crecimiento económico fue similar en ambas administraciones con una ligera diferencia favorable a Navarra, un 3,2% del PIB frente al 3,1%, lo que reportó un beneficio fiscal a ambas administraciones por la vía del IRPF y, sobre todo, por el IVA gracias a un aumento del consumo.

La diferencia en la recaudación hay que buscarla por lo tanto en otros dos factores. Por un lado, la renovación del Convenio Económico que ha mejorado los ingresos de Navarra tanto por los ajustes fiscales por el IVA como por la nueva forma de cuantificar los hidrocarburos. Y por otro, la reforma fiscal aprobada en 2015, que se dejó sentir ya en su totalidad en 2017.

Unas Cuentas saneadas En total, han sido 193 millones más de los presupuestados, lo que unidos a los 215 millones que Navarra ha recuperado por el sobrepago de los años anteriores va a permitir cerrar el ejercicio con superávit y no tener que emitir deuda en 2018. Y que servirán además para financiar el presupuesto de este año, que mejora un 4% el de 2017 y consolida las medidas puestas en marcha en estos dos años y medio de legislatura.

Navarra ha recuperado así los índices de recaudación previos a la crisis, lo que le está permitiendo sostener una mejora del gasto público tras casi una década de ajustes presupuestarios. Y lo ha hecho en parte a la reforma fiscal, muy criticada por la oposición, pero que sin embargo ha contribuido sanear las cuentas públicas, que se encontraban en una situación financiera crítica, y a mejorar el gasto social sin que ello haya perjudicado a la recuperación económica.

Entre 2015 y 2018 el déficit se ha reducido a la mitad, del 0,84% al 0,4%, mientras que la inversión pública en Navarra ha crecido en 425 millones anuales, de los que 304 han ido a reforzar los servicios públicos en Salud y Educación. Pero sobre todo en Derechos Sociales, donde se ha duplicado la inversión en renta garantizada y se ha elevado el complemento pensiones mínimas un 1,8%, tres veces más que el IPC y 7,2 veces superior al 0,25% que se incrementan el resto de pensiones en el Estado. De esta forma, y tras la reforma aprobada el año pasado, se ha duplicado el número de pensionistas beneficiados (de 10.000 a 22.000) con un gasto presupuestario de 23,5 millones, frente a los 3,2 millones que se destinaban a 2015.

El Estado, en cambio, ha optado por una vía diferente, confiando en que la propia recuperación económica permita una mejora de la recaudación. Tras las subidas del IRPF e IVA que se aprobaron en 2010 y 2012, el Gobierno de Rajoy optó por una rebaja en 2015 que luego tuvo que corregir en parte para cumplir con los objetivos de estabilidad fijados por Europa. Las previsiones sin embargo no se han cumplido en su totalidad. La mejora de la recaudación durante 2017 se ha quedado en el 6,3%, sin llegar al 7,9% ni superar la barrera de los 200.000 millones de ingresos previos a la crisis.

Y aunque el Ministerio de Hacienda descarta un aumento de los tipos impositivos, ya ha empezado a busca fórmulas adicionales que le permitan atender las urgencias presupuestarias. De momento se baraja ceder mayor control de los impuestos a las comunidades o fijar límites en determinados tributos como patrimonio y sucesiones, que varios gobiernos autonómicos han ido rebajando en una competencia mutua limitando prácticamente todo su efecto recaudatorio. Curiosamente, algunos de estos territorios, como Madrid, Andalucía o Murcia, son quienes reclaman ahora una mayor compensación financiera al Estado, al tiempo que cuestionan el régimen foral por “opaco” o “insolidario”.

Presión fiscal baja La realidad de las cuentas sin embargo muestra que será difícil atender sus reclamaciones sin una revisión del sistema tributario. Lo apuntaba recientemente Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Geshta), para quien “urge abrir un debate profundo sobre una reforma integral de los impuestos que permita disponer de recursos suficientes para atender a los gastos públicos e inversiones, así como reducir el déficit y el endeudamiento”.

Porque más allá de las proclamas partidistas, la presión fiscal en España sigue lejos de la media europea. Los últimos datos oficiales fijan el nivel de recaudación en el 34,1% del PIB, cuando en Francia es del 47,6%, en Portugal del 36,9% y en Alemania del 40,4%. O visto de otra forma, la Hacienda estatal podría recaudar 75.000 millones anuales más si tuviera la presión fiscal media de los países del euro.

Un escenario que no parece posible a corto plazo por la oposición de PP y Ciudadanos a cualquier aumento de la presión fiscal, pero a la que apunta ya el PSOE planteando un impuesto a la banca que haga sostenibles las pensiones públicas. Y hacia el que de una forma u otra deberá avanzar el Gobierno central antes o después si quiere alcanzar la estabilidad presupuestaria con un sistema de protección social justo y una financiación autonómico sostenible.

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