un plus de entre unos 88 y 165 € al mes

El Tribunal de Justicia de la UE deberá decidir sobre el grado de los interinos

Miles de trabajadores del Gobierno de Navarra podrían comenzar a cobra el grado. (Javier Bergasa)

Los contratados del Gobierno de Navarra reclaman desde hace años el pago de este complemento
El coste puede superar los 15 millones de euros al año

Juan Ángel Monreal / Javier Bergasa - Miércoles, 7 de Febrero de 2018 - Actualizado a las 06:01h.

pamplona - El cobro del grado por parte de los interinos, un plus que oscila entre unos 88 y 165 euros al mes y que es percibido en Navarra por los funcionarios indefinidos, ha llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este organismo deberá pronunciarse sobre la justificación del trato menos favorable que reciben los contratados administrativos, que perciben en torno a un 9% menos de salario base que aquellos con plaza indefinida.

El asunto no tiene un significado económico menor para las arcas públicas, al afectar a unas 8.000 personas contratadas. Y su impacto, en caso de que los tribunales se pronunciasen a favor de los demandantes, rondaría los 15 millones de euros al año. Se trata además de una reivindicación histórica por parte de los trabajadores y algunos sindicatos como Afapna y CSI-F ya habían planteado recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE. El grado, que en los años 90 surgió para dar forma a una posible carrera profesional, se ha convertido en un complemento salarial más, que es reclamado por los contratados en virtud del principio de “a igual trabajo mismo sueldo”.

En esta ocasión es el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pamplona quien ha planteado al Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) una cuestión prejudicial sobre si a un funcionario eventual (un contratado administrativo) del Gobierno de Navarra se le puede denegar un complemento retributivo previsto para los funcionarios públicos. En el auto, contra el que no cabe recurso, el juez explica que el objeto del presente procedimiento judicial es el de enjuiciar la conformidad o disconformidad a Derecho de la decisión administrativa de denegar el reconocimiento y abono del complemento retributivo del grado a un miembro del personal de la Administración Pública de Navarra que no ostenta la condición de funcionario sino la de contratado administrativo.

Actualmente, el régimen legal vigente en Navarra fija como único condicionante para ese reconocimiento y abono del complemento retributivo del grado el hecho de acumular 6 años y 7 meses de antigüedad en el grado inmediatamente anterior. Es decir, el ascenso se produce por el mero transcurso del tiempo, y ello además “automáticamente” según dicta la norma.

De este modo, el artículo 11 del Decreto Foral 68/2009 niega expresamente al personal contratado administrativo la percepción, de entre las retribuciones correspondientes a su puesto de trabajo, del complemento del grado, y ello por razón de identificarlo como una “retribución personal básica inherente a la condición del personal funcionario”. Con lo anterior, según razona el magistrado, surge la necesidad de esclarecer si tal denegación de ese complemento retributivo resulta compatible o no con el principio de no discriminación consagrado en la Cláusula 4 del Acuerdo Marco de la Confederación europea de Sindicatos (CES), la Unión de confederaciones de la industria de Europa (UNICE) y el Centro Europeo de la empresa Pública (CEEP) sobre trabajo de duración determinada.

Se da la circunstancia, además, de que el demandante cumple por igual el requisito objetivo de acumular 6 años y 7 meses en el desempeño de su función laboral para la Administración, pero no cumple el requisito subjetivo de ostentar la condición de funcionario y desarrollar con ello una carrera administrativa profesional.

La parte demandante se mostró conforme con el planteamiento de cuestión prejudicial al estimar que la jurisprudencia ya dictada en los últimos años por el TJUE es clara al respecto y va encaminada a proscribir la discriminación del empleado. El Gobierno de Navarra, por su parte, se opuso al planteamiento de la cuestión prejudicial al considerar que no existe discriminación para el personal contratado administrativo con la denegación al mismo del complemento del grado, al concurrir a su entender causas objetivas que así lo justifican, y al apreciar que el Acuerdo marco aprobado en la Directiva 1999/70/CE no abarca, según sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 2016, las diferencias de trato que no se basan en el tipo de contrato sino en su carácter funcionarial o laboral, informó el TSJN en un comunicado.

las claves

Qué es el grado. Se trata de un complemento salarial que, al ser creado, respondía a la necesidad de crear una carrera profesional entre los funcionarios que nunca ha tomado forma. De esta manera se ha convertido en una antigüedad que perciben unos trabajadores de la Administración Pública de Navarra y otros no.

¿Cuánto supone? Puede rebasar los 165 euros mensuales brutos, cerca de un 9% del salario base de un trabajador. El mínimo ronda los 88 euros.

la cifra

30%

del personal

Casi uno de cada tres trabajadores del sector público son contratados administrativos.

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