Editorial DE DIARIO DE NOTICIAS

‘Sinrazón’ de Estado contra las personas

El Tribunal Constitucional vuelve a anular con argumentaciones competenciales una normativa foral que sólo buscaba que todos los ciudadanos que viven en Navarra tengan derecho a una atención sanitaria

Miércoles, 28 de Febrero de 2018 - Actualizado a las 06:01h.

Es una nueva sentencia, y van muchas (el gobierno del PP ha recurrido al menos 16 normas forales), pero no es una sentencia más. En este caso el Constitucional ha ido en contra de un derecho humano básico como es la atención sanitaria. La ley foral de 2013 era importante en tanto que colgaban de ellas otras relativas a salud (copago farmacéutico, salud sexual y reproductiva...) y porque trataba de reconocer un derecho humano básico que el propio Estado defiende, mediante su política de cooperación internacional, para otros países pero que quiere recortar en su propio territorio. Porque lo que está en juego no sólo es quién decide qué (conflicto de competencias autonómicas y estatales) sino la definición del propio sujeto de los derechos básicos que el propio gobierno del PP recortó -en aquel caso aludiendo razones presupuestarias- con un contestado Real Decreto en 2012, aprovechando el contexto de crisis. Frente a ello, numerosas autonomías (entre ellas Navarra que fue pionera en los años 90 en reconocer la atención sanitaria a todos los residentes como seres humanos al margen de su situación legal) han tratado de forma directa o indirecta de revertir esta regresión. La respuesta de la Administración central ha sido la misma en todos los casos y se ha valido del Tribunal Constitucional para ir abortando diferentes fórmulas. Es cierto que la navarra de 2013 era explícita y clara en cuanto a reconocimiento de subjetivo de derechos, pero es que en esta materia no caben subterfugios: o se está por los derechos humanos o no se está. Los rodeos y planes B sólo son válidos después de confrontar desde esta visión humanística y de derecho internacional. Posiblemente no quede ahora otra opción y en ello está el departamento de Salud en particular y el Gobierno en general que, junto a la mayoría del Parlamento siempre ha sido muy claro en su compromiso ético y político con el derecho universal de la salud. A la postre lo importante es que esas personas no se vean privadas de una atención sanitaria por razones legales o económicas. Sin embargo, lo que sorprende es que el PP se empeñe en regular o en impugnar medidas pensadas para beneficio de las ciudadanía para arremeter de paso contra el autogobierno. La aplicación de la Constitución no puede consistir en igualar hacia abajo. Un Estado que piense así cada vez estará más lejos de su ciudadanía y de la cohesión social y territorial.