Navarra garantiza atención sanitaria a toda la población pese a la ley foral anulada por el Constitucional

El TC dice que la ley foral regula un ámbito que es de competencia estatal y cinco magistrados discrepan con la decisión del pleno
El Gobierno foral fijará un sistema de ayudas para unas 5.700 personas

Lola Cabasés Hita/Agencias - Javier Bergasa - Miércoles, 28 de Febrero de 2018 - Actualizado a las 06:01h.

pamplona - Navarra garantiza la atención sanitaria universal, es decir a toda la población incluidas aquellas personas que no disponen de papeles de residencia, en el marco de sus propias competencias y “respetando el marco constitucional”. Así lo anunció ayer el departamento de Salud tras publicarse la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que tumba la ley foral de 2013 que establecía la cobertura sanitaria universal tras los recortes de Madrid de 2012 y que recurrió el Gobierno del PP.

La prestación de la atención sanitaria en Navarra, al igual que la farmacéutica, que se deriva de la misma ley anulada, se llevará a cabo mediante ayudas a las personas migrantes que el Estado ha excluido por su situación irregular (es decir por carecer de papeles de residencia) con un procedimiento que ultima el departamento de Salud, precisó su director general Luis Gabilondo. Se estima que hay en Navarra 5.700 personas “sin papeles”, personas, por otro lado, que, precisamente por su estado de salud y juventud, apenas son usuarios de los servicios sanitarios, apuntó Luis Gabilondo.

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y nula la Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero, por la que se reconoce a los residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita del sistema público sanitario navarro, al considerarla “incompatible” con la regulación estatal. Con un voto particular de cuatro magistrados, por un lado, y un segundo voto particular, formulado por otro magistrado, el TC ha estimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno español contra la ley navarra al apreciar “contradicción” entre la normativa autonómica y estatal en el reconocimiento de acceso a la asistencia sanitaria.

sin unanimidad en el tc Cuatro magistrados del TC han formulado un voto particular al discrepar de la fundamentación y del fallo de la sentencia y un quinto magistrado ha emitido un voto particular aludiendo a las competencias de desarrollo de la sanidad que le confieren a Navarra, entre otras, la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento.

El tribunal observa similitudes con las controversias generadas en otras comunidades autónomas como la CAV, Valencia o Extremadura que también aprobaron normas propias, que se concretan en “si el Sistema Nacional de Salud, establecido para todo el territorio del Estado, el derecho de acceso a la cartera de prestaciones sanitarias, debe tener el mismo nivel de cobertura subjetiva”.

Sostiene el TC que la normativa básica estatal “cierra toda posibilidad a las normas autonómicas de desarrollo para configurar un sistema de acceso a las prestaciones sanitarias que no atienda a los conceptos de asegurado o de beneficiario” establecido en sus bases. Al respecto indica que la norma foral, “al extender la cobertura sanitaria individual del Sistema Nacional de Salud a todas aquellas personas que acrediten por cualquier medio admitido en Derecho, incluido el empadronamiento, que el domicilio de la persona está en un municipio de Navarra, sin atención a tiempo alguno en Navarra, resulta incompatible con la regulación estatal”.

Sobre la disposición adicional de la ley que reconoce el derecho efectivo e inmediato de acceso a la complementación de las prestaciones farmacéuticas, considera que incurre en los “mismos vicios de inconstitucionalidades”, lo que determina su “inconstitucionalidad y nulidad”. Resueltas las impugnaciones del artículo único y la disposición adicional, las restantes previsiones no pueden sino considerarse complementarias, por lo que no puede sino llegar a la misma conclusión. Por ello, declara la inconstitucionalidad y nulidad de la ley foral.

frente a los recortes Navarra aprobó, con los votos en contra de PPN y UPN (formación esta última que posteriormente se sumó a la personación del Parlamento de Navarra en defensa de la ley) la norma, ahora anulada, en febrero de 2013 tras la aprobación por el Gobierno estatal del Real Decreto-ley 16/2012,de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Esta disposición establecía los conceptos de asegurado o beneficiario como criterios subjetivos determinantes de la asistencia sanitaria en España con cargo a fondos públicos a través del Sistema Nacional de Salud, de tal forma que quienes no tenían reconocida estas condiciones estaban obligados a pagar.

Aunque Navarra aprobó un decreto foral, que sustituía otro anterior de 1996 para garantizar la atención a las personas no incluidas en el sistema, con estas normativas “se creaba una situación de inseguridad jurídica” por lo que se optó por aprobar la ley foral dadas “las amplias competencias en materia de sanidad interior”, una ley que defendieron las fuerzas progresistas de Navarra y que contó con amplio respaldo social de las asociaciones que trabajan y defienden los derechos de las personas migrantes.

La ley de 2013 , que recurrió el Gobierno del PP, fue suspendida por un breve espacio de tiempo, y entonces la cobertura sanitaria también se prestó vía ayudas, pero finalmente el TC levantó parcialmente la suspensión en enero de 2014 al entender que el abogado del Estado en su informe no demostraba suficientemente el “impacto económico” de la atención sanitaria a estas personas. La ley foral tenía un artículo único que establece, entre otras cosas, el derecho de “todas las personas con residencia en Navarra” a la asistencia sanitaria primaria o especializada, prestada por el sistema sanitario público con cargo a sus presupuestos, y mediante la acreditación de su residencia.

navarra, pionera en 1991 Ahora, anulada la ley, el Gobierno de Navarra está ultimando un nuevo modelo para garantizar la atención sanitaria universal, especialmente a los inmigrantes que están en situación irregular. El departamento de Salud precisó ayer por la tarde que “Navarra garantizará la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular dentro del ejercicio de sus propias competencias, respetando el marco constitucional”.

En una nota, añade Salud que “desde el Ejecutivo Foral ya se había previsto un nuevo modelo de ayudas ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional anulase la Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero” debido a que el TC ya que se manifestó en el mismo sentido ante las normas de las Comunidades de Valencia, Extremadura y CAV. Salud anuncia que “acata la sentencia. No obstante, desde el Gobierno de Navarra se va a continuar garantizando la atención sanitaria al colectivo mediante las oportunas ayudas sociales que se tramitarán en breve”.

El director general de Salud, Luis Gabilondo, aseguró que Navarra dispone de mecanismos, en su ámbito competencial, para atender a esta población. En cuanto a las personas a atender, precisó que a 10 de enero de 2018 había en la Comunidad Foral 5.700 personas en situación irregular que tienen reconocida la atención sanitaria. “Ello no significa que hayan sido atendidos -precisó Gabilondo- quien apuntó que, además, el colectivo de inmigrantes está constituido por personas jóvenes y sanas”. En cuanto al coste por esta atención el director de Salud señaló la dificultad para estimarlo, ya que ni son los principales usuarios, ni son muy habituales. Además, señaló, hay otro concepto desde el punto de vista sanitario, referido al crecimiento del sistema sanitario. “Al ser un porcentaje de población tan pequeño, no llega al 1%, puede rondar el 0,8%, su atención no nos exige tener que aumentar el sistema sanitario”.

El Gobierno foral garantiza la atención universal sin reconocer el derecho a ser atendidas personas en situación irregular. Cabe recordar que Navarra fue la primera Comunidad Autónoma que estableció, en la legislatura 1987-91, la asistencia sanitaria universal.