Editorial de DIARIO DE NOTICIAS

Si hay privilegios, que miren a otro lado

Ante las críticas que partidos y comunidades han relanzado contra el Convenio Económico caben precisiones políticas y económicas que las reducen al absurdo y sitúan el grave problema de la financiación autonómica en el régimen común

Sábado, 3 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:01h.

la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, destacó ayer “el papel solidario y responsable” del Convenio Económico e insistió en que se trata de una herramienta que “se ha demostrado eficiente a lo largo de toda su historia”, además de tener “plena cabida en el contexto europeo”. Barkos inauguró así la jornada Convenio Económico Navarra-Estado: Origen, implicaciones y retos de futuro, impulsada por el Gobierno de Navarra y la Cámara de Comptos ante las críticas que se vierten contra el mismo desde Ciudadanos y también desde ámbitos de otros partidos y comunidades autónomas con argumentos falsos y demagógicos. De hecho, el Convenio Económico de Navarra con el Estado no es un instrumento decidido por Navarra, sino el fruto de la imposición de Madrid en la mal llamada Ley Paccionada de 1941 tras la derrota militar en la Primera Guerra Carlista del siglo XIX. En este sentido, el Convenio Económico fue prácticamente el último reducto del sistema foral tras la eliminación de las capacidades políticas históricas propias de Navarra y su conversión en provincia del Reyno de España entonces. Un resquicio en materia fiscal que ha permitido desde entonces -pese a los sucesivos intentos de eliminarlo como el que dio lugar a la Gamazada-, mantener un sistema de autogobierno en la recaudación y destino de los recursos de los contribuyentes navarros. Y que, por cierto, la Constitución de 1978 y la propia Unión Europea consideran parte del entramado legal actual, algo que quienes atacan interesadamente a los regímenes forales de Navarra y la CAV tratan de ocultar para avivar sus intereses electoralistas. Por si esto no fuera suficiente para calificar de irracional la consideración de “privilegio” que se hace del Convenio entre Navarra y el Estado, cabe añadir datos económicos que reducen esas críticas al absurdo y sitúan el problema de la desigualdad no en la concertación, sino en el sistema de régimen común del resto del Estado, un absurdo conjunto de reynos de taifas en los que en buena parte el despilfarro y la corrupción han saqueado sus cuentas públicas durante décadas. Y si alguien llegara a pretender que tras el Convenio se hallasen ventajas fiscales, cabría apuntar, por ejemplo, que al calor de la agresiva rebaja de la presión fiscal que inició Madrid, avalada por la permisividad política y judicial, la mitad de las rentas altas que cambiaron de residencia fiscal entre 2006 y 2012 (493 de 877) lo hicieron a esa comunidad. ¿Dónde está el privilegio fiscal real?

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