Navarra rescatará, para alquilar, pisos vacíos de banca, empresas e Iglesia tras el fallo del TC

Vistas de viviendas ubicadas en la zona de Arrosadia. (UNAI BEROIZ)

El Gobierno inicia el Registro de Viviendas y censo de titulares y no descarta gravar las deshabitadas e incluso expropiarlas

Lola Cabasés Hita/Agencias Unai Beroiz - Sábado, 3 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:02h.

PAMPLONA- El Gobierno de Navarra, tras la luz verde dada por el Tribunal Constitucional a la ley foral sobre medidas para garantizar el derecho a la vivienda (2013) que recurrió en su día Madrid, ha iniciado el trámite para su desarrollo mediante la creación del Registro de Viviendas Deshabitadas y del censo de grandes tenedores de viviendas, con el objetivo de que afloren los pisos vacíos y darles su uso. Se trata de cuantificar las viviendas que están en manos de personas jurídicas en Navarra (entidades bancarias, empresas e incluso la Iglesia) y, una vez localizadas las entidades titulares, a las que cuenten con mayor número de pisos se les requerirá que identifiquen las que tienen deshabitadas y poder intervenir mediante su inclusión en el parque público para, preferentemente, ponerlas en la bolsa de alquiler. Para detectar los pisos vacíos, se cruzaran datos de consumos, y las entidades propietarias dispondrán de plazo para presentar sus alegaciones.

El vicepresidente y consejero de Derechos Sociales, Miguel Laparra, anunció ayer que la ley contempla la posibilidad de aplicar sanciones a las personas jurídicas que tengan vivienda deshabitada más de dos años. Además de las sanciones, la ley también ampara la posibilidad incluso de expropiar, previo pago de un justiprecio, medida económicamente muy costosa para la Administración, advierten desde el departamento, por lo que en principio se pretende intervenir en pasos anteriores como instar a los titulares y ofrecerles la posibilidad de que incluyan estos pisos en la bolsa de viviendas para su alquiler.

En cuanto a personas físicas, la ley también contempla la posibilidad de que tengan un mayor gravamen en la contribución urbana que en su caso impondrían las entidades locales, tal y como regula la Ley de Haciendas Locales, gravamen mayor cuanto más tiempo permanezca la vivienda sin ocupar. Este gravamen no se aplica a segundas residencias con uso.

Ayer, en rueda de prensa para presentar las ayudas para viviendas, Laparra explicó las actuaciones que Navarra puede llevar a cabo ahora una vez que el Tribunal Constitucional ha validado “el grueso” de esta ley foral de medidas para garantizar el derecho a la vivienda, aprobada en 2013 y recurrida por el Gobierno del PP, y concretó de qué manera el Gobierno ha iniciado su desarrollo.

la sentencia del tc Cabe recordar que el TC avala que Navarra pueda expropiar viviendas a empresas cuando hayan estado desocupadas por dos años, pero ha cerrado la puerta a que las expropie por razones de interés social vinculadas a desahucios de personas en situación de emergencia. En su sentencia el alto tribunal avala que Navarra considere causa justificada para la expropiación de una vivienda (que esté en manos de personas jurídicas, es decir, no en manos de particulares) el hecho de que no haya sido ocupada durante 2 años y siempre que la propiedad haya desatendido la advertencia previa en ese sentido.

Sin embargo, el TC ha anulado otra parte de la Ley Foral de la Vivienda de 2013, por invadir competencias del Estado. Se trata de las disposiciones de la norma navarra que declaran causa suficiente para la expropiación el interés social derivado de que hayan sido desahuciadas de esa vivienda, por bancos o entidades similares, personas en situación de emergencia social.

El Gobierno del PP recurrió la ley foral, que fue suspendida provisionalmente por el TC durante años. Considera ahora el TC que es constitucional considerar infracción muy grave el no dar un uso efectivo a la vivienda durante dos años siempre que su titular sea una persona a jurídica, así como que es causa justificativa de la expropiación forzosa, por el incumplimiento de la función social de la propiedad, el hecho de no atender un requerimiento para poner fin a esa situación.

Laparra destacó que se trata de una sentencia “de gran trascendencia” para una política social de vivienda;de “relevancia, dado que reconoce las competencias de Navarra”;y que, “por primera vez, destaca la función social de la vivienda por encima del derecho de propiedad en el caso de personas jurídicas que tengan vivienda vacía”.

Precisó Laparra que la ley establece que es preciso aprobar el Registro de Viviendas Deshabitadas, mediante decreto foral, y anunció que “ya se ha firmado el inicio del procedimiento y comenzado a redactar el reglamento”, trámites para el que el Ejecutivo tiene 6 meses, plazo que intentará cumplir. Insistió en que tienen que cualificar las viviendas en manos de personas jurídicas en Navarra para actuar de acuerdo a la ley foral.

la frase

miguel laparra “Que aflore la vivienda para cumplir su función social” Lo deseable es no tener que sancionar o incrementar los tributos, sino que toda vivienda, que este en condiciones y se encuentre vacía sin ningún tipo de uso, aflore al mercado para cumplir su función social”.

la cifra

20.000

Aunque el Gobierno de Navarra no dispone de datos precisos, tiene indicios de que hay al menos 20.000 viviendas que no están en uso y 17.800 están manos de personas jurídicas, sociedades anónimas y limitadas, y que hay que comprobar a que se destinan 11.200 de ellas, indicó Laparra.

subvenciones

Ayudas por ceder pisos vacíos a la bolsa de alquiler. Con una cuantía de 160.000 €, el Gobierno foral otorgará una ayuda de 3 mensualidades a los propietarios de pisos vacíos que los cedan para alquiler. Los precios de los alquileres se establecen en función de las siguientes condiciones: 5 €/m2 por la vivienda;50 € por garaje y 2 €/m2 trastero para los pisos situados en Pamplona y comarca, Tudela, Estella y Tafalla;4 €, 30 € y 1 €, respectivamente, en municipios de menos de 10.000 habitantes;y de 3 €, 30 € y 1 € para los de menos de 5.000 habitantes.

Ayudas a familias monoparentales. Dotada con 200.000 €, la partida de ayudas a familias monoparentales con dificultades, prevé subvenciones de entre el 60% y el 80% del alquiler anual, según el número de personas, hasta un máximo de 6.240 €. La ayuda se concederá en un único pago, tras evaluación individualizada, por lo que los expedientes se tramitan en orden de presentación. Se espera llegar a 40 familias.

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