El Constitucional falla en contra de Navarra en el 80% de los casos

De las 17 leyes navarras recurridas por el Gobierno central ha anulado 12, ha validado tres y dos están pendientes de sentencia
En la mayoría de las veces en las que se abre un conflicto de competencias resuelve en favor lado del Estado

Ibai Fernandez - Lunes, 5 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:01h.

Pamplona - El Tribunal Constitucional ha resuelto en contra de Navarra, y en favor del Gobierno central, en el 80% de los recursos de inconstitucionalidad presentados. De las 17 reclamaciones presentadas contra normas aprobadas por el Parlamento foral, ha resuelto 12 anulando la ley en su totalidad o en sus aspectos fundamentales. En otras tres ha resuelto a favor de Navarra en los artículos principales y dos siguen pendientes de sentencia. El Parlamento foral, por su parte, está personado ante el Tribunal Constitucional en el recurso interpuesto contra la LOMCE junto con los gobiernos de Catalunya, Canarias y Principado de Asturias, el Parlamento de Catalunya y más de 50 diputados socialistas, todavía pendiente de resolver.

Salvo el conflicto de competencias abierto por la ley sobre el patrimonio, que regula la propiedad en caso de defunción sin herederos, y que fue denunciada por el Gobierno del PSOE en 2008, el resto de recursos pendientes se han planteado en los últimos años. Tres son de 2013, dos de 2015 y uno de 2016. Fueron años en los que el PP contaba con mayoría absoluta en Madrid y en Navarra había un Parlamento de mayoría de izquierdas , lo que unido a una dura crisis económica y a un proceso recentralizador de competencias para limitar la capacidad de gasto de las comunidades autónomas motivó varias disputas judiciales entre Navarra y el Estado.

Con el argumento de la estabilidad presupuestaria, y agarrado a la capacidad de regular lo que considera legislación básica, el Gobierno central ha ido recortando la autonomía legislativa a Navarra en cuestiones como la función pública, prestaciones sanitarias o el ámbito local. Algo que ha ocurrido también con el resto de comunidades, y en lo que está contando con el apoyo del Constitucional, que en la mayoría de los casos acaba compartiendo los argumentos para bloquear muchas leyes autonómicas de contenido social.

En el caso de Navarra, la gran mayoría de los recursos están motivados fundamentalmente por leyes del Parlamento foral que trataban de evitar los efectos de algunos de los recortes aprobados los últimos años. Son los casos de las normas que pretendían garantizar la asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares, evitar el copago o impedir los desahucios. Ámbitos en los que teóricamente Navarra cuenta con autonomía, pero que el Ejecutivo central ha querido regular con el argumento de que afectan a la estabilidad económica del país. En las dos primeras, el TC ha resuelto en favor del Estado, y en la tercera, aunque de forma parcial, ha reconocido la potestad de Navarra para expropiar y gravar las viviendas vacías que no estén en manos de particulares. Lo que no deja de ser una excepción en un contexto en el que el Constitucional viene respaldando la visión centralista del modelo de Estado, limitando la capacidad de Navarra para regular la policía autonómica, el salario de los funcionarios, las rebajas, el consumo de cannabis o el fracking.

Sobre la mesa quedan pendientes otras dos sentencias. Una, sobre los bienes sin herederos, recurrida pero que se mantiene en vigor. Y la otra, la ley de atención a las otras víctimas de la violencia. Norma suspendida parcialmente que apenas deja margen de maniobra al Gobierno foral. De hecho, el Gobierno central recientemente ha recurrido la ayuda de 30.000 euros a la UPNA y la UPV para realizar estudios académicos sobre la materia argumentando que afecta a un artículo de la ley recurrida.