Navarra impulsa la unificación de las normativas municipales que regulan el uso de las bicicletas

Una mujer circula en bicicleta por el carril bici en el centro de Pamplona. (Javier Bergasa)
Un hombre circulando en bicicleta mientras otros lo hacen caminando por el carril bici y peatonal, a la altura de la plaza de Recoletas. (Javier Bergasa)

Interior lidera un proyecto para tratar de corregir la disparidad existente El objetivo es facilitar a los ciclistas el conocimiento de las normas y, con ello, mejorar el cumplimiento y su seguridad

“Puede haber municipios colindantes con regulaciones diferentes e incluso opuestas”

Jesús Morales / Javier Bergasa - Lunes, 5 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:01h.

PAMPLONA - El Gobierno de Navarra, a través del Servicio de Desarrollo de Políticas de Seguridad de la Dirección General de Interior y de la Estrategia Navarra para la Seguridad Vial, ha decidido impulsar la unificación de las ordenanzas municipales que regulan el uso de las bicicletas, con el fin de evitar la disparidad actual de regulaciones y facilitar a los propios usuarios el conocimiento y cumplimiento de la normativa. Para ello, un grupo de trabajo integrado por representantes de diferentes administraciones -incluida la DGT y la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC)-, ultima un documento con las directrices básicas sobre la regulación del uso de la bicicleta en las ordenanzas de tráfico y movilidad que será difundido próximamente a todas las entidades locales, que podrán aplicarlas voluntariamente en sus normativas.

El responsable del Servicio de Desarrollo de Políticas de Seguridad, Antonio García Malumbres, explica que la necesidad del fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte implica también “su necesaria regulación, con el objeto de hacer convivir la misma con el resto de usos que de las vías se hagan por los peatones, el transporte público y privado, además de otros medios de transporte, como patines, monopatines, vehículos de movilidad personal, etc”. Y destaca que “se pueden dar situaciones en las que hay regulaciones diferentes, e incluso opuestas, en municipios que son colindantes, lo que causa inseguridad jurídica y, además, hace más difícil que las normativas se asimilen y se cumplan”.

Según se hace constar en el documento que se está confeccionando, en las últimas dos décadas el incremento de ciclistas en la calle se ha producido fundamentalmente “a partir de personas sin experiencia en la circulación en bicicleta y desconocimiento de la normativa, que en muchos casos pedalean por las aceras y espacios peatonales por no desplazarse por la calzada como un vehículo más, creando situaciones conflictivas con quienes se desplazan a pie”.

En este contexto, se ha considerado “conveniente redactar un documento de directrices básicas sobre la regulación del uso de la bicicleta en ordenanzas de tráfico y movilidad que sirva para actualizar la regulación municipal en lo relativo a la movilidad ciclista y nos permita avanzar en el establecimiento de este modo de transporte en la ciudad, sin olvidar que los ayuntamientos tienen las plenas competencias para hacerlo y estas directrices son voluntarias”, recalca García Malumbres.

MOVILIDAD INTEGRADORA Las normas básicas, se expone, deben permitir integrar la movilidad ciclista con el resto de modos (peatonal y otros modos no motorizados, transporte público y colectivo y el tráfico privado rodado motorizado) para favorecer una correcta convivencia entre dichos modos;evitar y resolver conflictos entre la bicicleta y esos otros modos de transporte, así como regular el propio uso de la bicicleta en la vía pública;avanzar en los criterios normativos para la habilitación de vías ciclistas y demás infraestructuras complementarias;y favorecer la promoción y uso de la bicicleta.

Para ello, y fruto de las demandas que realizaron en 2015 los organizadores de la Marcha de la Bicicleta Blanca, en marzo de 2016 se constituyó un grupo de trabajo integrado por Antonio García Malumbres, director del Servicio de Desarrollo de las Políticas de Seguridad del Gobierno foral;Eugenio Vila Sánchez, jefe de la Sección de Tráfico y Seguridad Vial de la Dirección General de Interior;Arancha Gambra García, técnico de Educación Vial de la Jefatura Provincial de Tráfico;Fermín Martínez Esparza, del Servicio de Movilidad del Área de Ecología Urbana y Movilidad del Ayuntamiento de Pamplona;Fermín Cabasés Hita, de la Federación Navarra de Municipios y Concejos;y representantes de la Policía Foral y de las Policías Municipales de Pamplona, Tudela, Barañáin y Tafalla.

Para la confección del documento, que se difundirá a todos los entes locales en los próximos meses, se recopilaron las ordenanzas ya existentes en Navarra y en otras ciudades, como Vitoria, que fueron sometidas al correspondiente análisis, y se concluyó que la ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Pamplona era la que mejor recogía las novedades y resolvía los conflictos de los usuarios de la bicicleta con el resto, por lo que fue adoptada como base para continuar con los trabajos.

CONTENIDO DEL DOCUMENTO De ese modo, se ha elaborado un documento en el que se establece como norma general que la circulación de bicicletas por las aceras queda prohibida, si bien atendiendo a algunas excepciones y condiciones determinadas, las bicicletas podrán circular por calzadas;vías ciclistas, que recibirán la denominación de carril bici, si se encontrasen situadas en la calzada, y de acera bici, en caso de que discurran por la acera;calles residenciales;parques y paseos;y sendas ciclables.

El documento propone, de conformidad con el Reglamento General de Circulación, que no se podrá conducir una bicicleta, ni ningún otro vehículo, patines, monopatines o similares, utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido, ni usando manualmente el teléfono móvil o cualquier otro dispositivo incompatible con la obligatoria atención permanente a la conducción. Además, las personas ciclistas, en lo que se refiere al consumo de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas, tienen las mismas obligaciones y restricciones que el resto de conductores y conductoras.

En cuanto a los accesorios de seguridad, visibilidad y uso del casco, se dispone que cuando las bicicletas circulen de día deberán disponer de timbre, mientras que cuando circulen por la noche en cualquier espacio urbano, en tramos de vías señalizados con la señal túnel o en condiciones de escasa visibilidad deberán llevar timbre, luz de posición blanca delantera, luz de posición roja trasera y reflectante trasero rojo debidamente homologados y que permitan la correcta visualización para peatones y conductores del resto de vehículos. En lo referente al casco, se propone que sea obligatorio para las personas menores de 16 años en vías urbanas y para todas las personas ciclistas en vías interurbanas.

Las bicicletas deberán estacionarse preferentemente en los lugares expresamente dispuestos para ello y debidamente aseguradas. Dichos lugares podrán ser usados por otros ciclos, incluidos los de movilidad reducida. También podrán estacionarse y asegurarse en otros lugares, excepto a elementos vegetales o bancos urbanos, siempre que no se obstaculice el tránsito peatonal o de vehículos, no dañe el mobiliario o se altere su funcionalidad, y se respete una zona de tránsito peatonal mínima de dos metros y un espacio suficiente para el acceso a las bicicletas aparcadas.

Se plantea que los ayuntamientos podrán crear un registro de bicicletas, de inscripción voluntaria, con la finalidad de prevenir los robos o extravíos de las mismas y facilitar su localización y podrán proceder, si quien tenga obligación a ello no lo hiciera, a la retirada de la bicicleta o el ciclo de la vía pública cuando permanezca aparcada en un espacio que no se encuentre específicamente acondicionado para tal fin más de 7 días;y cuando la bicicleta, el ciclo o alguno de sus componentes se consideren abandonados, entre otras razones. Tendrán la consideración de bicicletas y ciclos abandonados, a los efectos de su retirada, aquellos presentes en la vía pública que presenten falta de ruedas, desperfectos que hagan imposible su desplazamiento o cuyo estado demuestre de manera evidente su abandono. Se dispone que el Ayuntamiento llevará las bicicletas y ciclos abandonados al depósito municipal y, transcurridos tres meses desde su retirada, se podrá disponer de estos vehículos de acuerdo con la legislación vigente.

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