investigación de la planta de biogás

El Gobierno recurre la inadmisión de la querella del caso Ultzama

Imagen de la inauguración, en diciembre de 2010, de la planta de biogás de Ultzama. El acto estuvo presidido por Miguel Sanz. (Foto: Patxi Cascante Echandi)

La jueza cree que algunos delitos estarían prescritos y que otros no están bien concretados

“La resolución no es firme, se va a recurrir y creemos que prosperará. Si no, no lo haríamos” “El caso Ultzama todavía tiene mucho recorrido y seguiremos hablando de este asunto”

Andoni I. Ruiz - Jueves, 8 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:00h.

pamplona - El Gobierno de Navarra anunció ayer que va a recurrir la decisión del Juzgado de Instrucción número 1 de Pamplona de no admitir a trámite la querella que presentó el Ejecutivo foral contra algunos de los exgestores de la planta de biogás de Ultzama. Así lo hizo saber ayer María José Beaumont, consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, quien aseguró que el Gobierno “discrepa” de la decisión y que la Asesoría Jurídica ya se encuentra redactando el recurso que cabe contra la medida. La jueza, en un auto de seis páginas con fecha de 26 de febrero, considera que la querella del Gobierno es “genérica”, que no concreta suficientemente la implicación de los querellados en los delitos que se les imputan y que, además, algunos extremos estarían ya prescritos.

El auto se pronuncia sobre el sistema de facturación cruzada que detectó la Cámara de Comptos en su informe de abril de 2017 y que el Gobierno de Navarra denunció, el pasado mes de enero, en una querella criminal dirigida hacia las mercantiles Levenger SL y Bioenergía Ultzama (empresas concesionaria y cesionaria del proyecto, respectivamente) y hacia las personas de Jiri Bezdicek, empresario checo que fue presidente del consejo de administración de la cesionaria;Patxi Tornaría, exalcalde de Ultzama entre 2012 y 2015 (aunque la querella se ocupaba de sus años como concejal);y Francisco Iribarren Altuna, exconcejal del municipio por Agrupación Ultzama, la sigla local afín a UPN en el valle. Punto por punto, la jueza desecha los cuatro delitos que el Gobierno de Navarra imputaba a los querellados.

En primer lugar, la jueza descarta que haya indicios de falsedad documental en algunas facturas que se presentaron para pedir subvenciones al Gobierno de Navarra, que aportó más de tres millones de dinero público a la planta cerrada en 2016. Alega para ello que las facturas tendrían que ser en todo o en parte falsas, cuando en realidad aluden a trabajos que sí fueron realizados y cuyos importes se corresponden con las facturas.

Además, la falsedad documental entre particulares estaría prescrita. Y el procedimiento de Comptos, órgano al que llega el mandato de fiscalizar la planta en octubre de 2014, no puede entenderse como interrupción del proceso de prescripción, que para este tipo penal está fijado en cinco años (desde la reforma del 2010).

En la misma línea zanja la jueza el delito de fraude en subvenciones: los expedientes de ayudas a la planta aportados por el Gobierno datan de 2008 y 2009, y “sin entrar a considerar si concurren o no elementos del tipo penal que se denuncia”, los hechos estarían prescritos.

En cuanto a la estafa, la jueza cree que la documentación aportada “no indica de qué manera se provocó el error, cuál fue el engaño o cómo maquinaron los querellados”. De hecho, la jueza cree que “es factible pensar” que el Gobierno centra “la estafa” en el “fraude en subvenciones”. Por último, se descarta la concurrencia de malversación ya que es un delito que sólo es achacable a autoridades o cargos públicos, y no se ofrece “ningún dato” que acredite que los exconcejales tuviesen a su cargo los caudales públicos”. A pesar de lo “genérico” de la querella, la jueza cree que el Gobierno de Navarra era libre de litigar en base a las actuaciones previas de Comptos, no ve actuación ni maliciosa ni de mala fe y rechaza imponer las costas al querellante.

Beaumont lamentó ayer que “la juzgadora no ha apreciado correctamente la concurrencia en los hechos de los tipos delictivos”, y rechazó que el Gobierno “haya fracasado en los tribunales”. “La resolución no es firme, se va a recurrir y creemos que prosperará, si no no lo haríamos”, dijo.

Secciones