Editorial de diario de noticias

Anomalía democrática

Cuarenta años después del fin de la dictadura la simbología franquista sigue presente en calles de Navarra pese a lo que dicta la ley foral de Memoria Histórica. Una iniciativa de I-E pide sancionar a quien incumpla la norma

Lunes, 12 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:01h.

El ministro franquista José Luis de Arrese sigue manteniendo (ya difunto) la condición de hijo adoptivo de Corella que le fue concedida en 1941. El Ayuntamiento de la ciudad no se la ha retirado. Pese a que la ley de Memoria Histórica entró en vigor en Navarra en 2013 y es clara en su articulado respecto a la eliminación de títulos a personas relacionadas con la dictadura, este y otros casos similares que tienen que ver con la simbología franquista continúan de actualidad porque, pese a lo que establece la normativa, están todavía presentes y vigentes en libros de actas y vías públicas. Frente a la diligencia con la que tomaron medidas algunos consistorios, otros continúan ofreciendo resistencia a aplicar la ley. Es un dato relevante que cuando el Gobierno de Navarra remitió una circular a todos los ayuntamientos para completar un censo de símbolos franquistas, solo respondieron el 52% de los ayuntamientos. Fue el pasado mes de febrero cuando el Ayuntamiento de Andosilla acordó retirar de sus calles catorce placas y tres laureadas franquistas;y poco antes de que concluyera 2017, Tudela cambió los rótulos del barrio de Lourdes con nombres de personas fallecidas del bando nacional. Pero ya ha habido tiempo en cinco años para adoptar estas medidas. Sin embargo, el que las decisiones quedaran en manos de la buena voluntad de las personas que gestionan el ayuntamiento amparaba la arbitrariedad. Así las cosas, I-E ha decidido impulsar una iniciativa -apoyada por el cuatripartito- para incluir en la ley un régimen sancionador que aplique multas a quienes la incumplan. Infracciones con categoría de graves (entre 2.000 y 10.000 euros de multa) y leves (entre 200 y 2.000) que no solo conciernen a la simbología sino al deber de conservar y mantener los lugares de memoria histórica o el de comunicar el descubrimiento de restos que puedan pertenecer a personas represaliadas. Como dicen los impulsores de la iniciativa, es una anomalía democrática que cuarenta años después del fin de la dictadura todavía se rinda tributo público a quienes desencadenaron un conflicto bélico o colaboraron con los que llegaron al poder a través de un golpe de estado que costó la vida a decenas de miles de personas, también después de la guerra. Pero ni esto parece un argumento concluyente. Siempre habrá algún partido, como UPN en Corella, discutiendo la decisión de la mayoría municipal de retirar un busto de Arrese levantado en un parque de la ciudad porque todavía hoy lo consideran “un benefactor”.