CASO ALTSASU

Acusaciones que se remontan a 1976 y defensas a las que niegan pruebas en un juicio de 10 días

La vista oral, en la que el fiscal pide 375 años de prisión a los 8 acusados, tiene 56 testigos y 15 peritos
Las defensas tratarán de desmontar que el delito fue grave y demostrar que el hecho fue casual

Enrique Conde | Javier Bergasa/Unai Beroiz - Domingo, 15 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:02h.

PAMPLONA.- Dice Jaime Montero, abogado defensor de los jóvenes de Alsasua que se enfrentan desde mañana a una petición de entre 375 años de prisión en la Audiencia Nacional, que en la gran partida de ajedrez que se juega en este caso “estos chicos son solo unos peones”. Y matiza, con otra aportación interesante para tratarse de un letrado defensor, la realidad de este procedimiento: “Puede parecer que si alguien discute la desproporción de las penas que se están pidiendo en este caso se sitúa al lado de los presuntos agresores, pero hay que destruir esa dicotomía;no por discutir la desproporción de la pena uno está situándose al lado de quien agrede y en contra de las víctimas. A la propia víctima le debería interesar que el castigo fuera proporcional porque si no pierde también legitimidad”. Las familias de los procesados comparten el relato. “El caso está sobredimensionado, pero no compartimos lo que ocurrió. No pedimos impunidad. Pedimos que se respete la presunción de inocencia. Justicia, proporcionalidad y equidad que tendrían que estar presentes en un Estado de derecho”, han manifestado repetidas veces en ayuntamientos en los que relatan su “injusticia”.

Montero es uno de los letrados que, junto a Amaia Izco, Jaione Karrera, José Luis Galán, Manuel Ollé y Eva Gimbarnet, defienden en el proceso a los ocho jóvenes de Alsasua. El juicio comenzará a las 10.00 horas en la sede de San Fernando de Henares, donde se han desarrollado macrojuicios como el del 11-M, en un tribunal presidido por Concepción Espejel. El resto de los integrantes del tribunal juzgador son Manuela Fernández Prado y Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez (ponente). Las defensas trataron de recusar a la magistrada Espejel debido a que está casada con un alto cargo de la Guardia Civil lo que ponía en tela de juicio la imparcialidad que se le presupone. La recusación no fue admitida.

Se trató del último episodio no garantista previo a la vista, pero ni mucho menos del único. Los defensores sienten que desde que el caso llegó a la AN el tablero está un tanto inclinado. Serán diez sesiones de juicio entre el 16 y el 27 de abril en la que declararán los ocho procesados (mañana), los cuatro denunciantes (pasado), 56 testigos (9 policías forales, cuerpo que fue el primero que se encargó de las diligencias;cinco guardias civiles e incluso el alcalde de Alsasua, Javier Ollo) y una quincena de peritos médicos, psicológicos e informáticos.

EL TODO ES ETA... SIN ETA

El relato acusatorio del fiscal José Perals, representante del Ministerio Público especialista en convertir que cualquier causa que tenga un código postal de Navarra o de la CAV sea un sumando más en aquello de Todo es ETA, tiene que remontarse a 1976 para sostener que los hechos de los que acusa a los ocho procesados encajan dentro de un delito de terrorismo. Allí empezó a introducirse la reivindicación Alde Hemendik contra las Fuerzas de Seguridad. La mayoría de los acusados nacieron casi dos décadas más tarde de la fecha en la que el escrito de calificación quiere situar como origen de sus supuestos actos terroristas. La mayor contradicción del caso es que ETA no está operativa desde 2011, pero pudiera parecer por lo que sostiene el fiscal que el movimiento Ospa Mugimendua, que organizaban el Ospa Eguna (Día de la huida) -“máxima expresión de violencia y odio contra la Guardia Civil de Alsasua”, añade Covite-, es una especie de continuidad de la banda armada.

El fiscal Perals escribe -que el papel todo lo aguanta- que Ospa mantiene a través de Alde Hemendik(Que se vayan) iguales reivindicaciones que ETA. Dice que desde 2011 las acciones de Ospa y Alde Hemendikse han incrementado y luego, en otra voltereta en el tiempo para que siga encajando el delito como terrorismo, recuerda que entre 1988 y 2009 hubo un centenar de actos de sabotaje y violentos en Alsasua enmarcados en la campaña Alde Hemendik. Es imposible, por una mera cuestión de edad, situar también a los acusados en esos supuestos sabotajes. Por ello, es a partir de 2011, año en el que ETA cesa en su actividad armada, cuando el fiscal dice que coge fuerza Ospa Mugimendua para relevar en el Alde Hemendik.

PARTICIPAR EN OSPA Y PASAR POR EL KOXKA

A partir de ahí, aparte de los actos de mofa a la Guardia Civil en el Ospa Eguna, el fiscal solo puede citar como hechos violentos “pancartas, pintadas, quema de bengalas y una concentración contra una jornada de puertas abiertas del Instituto Armado en Alsasua”. A ningún acusado se le señala en concreto en esos actos. Se trata de una acusación genérica contra un movimiento al que se les acusa de pertenecer. Podría parecer, por ello, que participar en actos de Ospa y haber pasado por el bar Koska en la madrugada del 15 de octubre de 2016, durante las ferias, podría convertirle a uno directamente en terrorista, según esta tesis. La misma termina como se sabe, el día de los hechos, con unos incidentes dentro del bar, con insultos, amenazas y agresiones a dos guardias civiles y a sus parejas.

La escena que narra la Fiscalía pretende corresponderse con una paliza o un linchamiento, aunque difícil se puede sostener que fuera organizado por un grupo de personas dada cuenta la hora en la que desencadenó el incidente y la casualidad del encuentro. El teniente de la Guardia Civil sufrió la fractura de un tobillo. Tardó en curar 92 días. El sargento sufrió policontusiones, lesiones de las que tardó en sanar 53 días. A las mujeres les constan traumatismos, tendinitis, contracturas y cuadros de ansiedad y estrés de las que se recuperaron en 61 días.

COVITE VE ADEMÁS ASOCIACIÓN ILÍCITA

El fiscal pide por cuatro delitos de lesiones terroristas y amenazas terroristas 62 años de cárcel para Ohian Arnanz, 50 años de prisión para Jokin Unamuno, Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Adur Ramírez de Alda, Aratz Urrizola e Iñaki Abad;y, por último, 12,5 años para Ainara Urquijo. El colectivo Covite, que ejerce la acción popular, añade a esta acusación el hecho de asociación ilícita (18 meses de cárcel más) y en el caso de dos de ellos les imputa también un delito de odio (4 años de cárcel). El resto de acusaciones (Abogado del Estado, Unión de Guardias Civiles y la acusación particular también califican los hechos como terrorismo. El Igualatorio Médico incluso se personó para reclamar la responsabilidad civil por la atención sanitaria de los heridos.

La desproporcionalidad del caso (aun así, Covite se empeña en esgrimir que, aunque no fueran delitos terroristas, el resto de delitos sumaría penas igual de importantes) viene precisamente por la vinculación de terrorismo. Ello causa una distorsión de origen que ensordece el resto del debate. El Estado, con la excusa de atajar el terrorismo yihadista y castigar a posibles lobos solitarios, buscó en 2015 cuadrar el terrorismo en el Código Penal. Así, terrorismo es aquel delito grave que cumpla con alguno de estos requisitos: “Subvertir el orden constitucional”, “alterar gravemente la paz pública” o “provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella (Guardia Civil)”. Al tercer día de ocurrir los hechos, Covite pensó que en Alsasua había ocurrido un acto terrorista. Los informes policiales de la Policía Foral y de la propia Guardia Civil que recogieron la agresión en un principio nunca hablaron de un delito de terrorismo, ni incluso el nada sospechoso ministro Fernández Díaz habló entonces de un delito de odio.

De no ser por la denuncia de Covite el caso se juzgaría en Pamplona. Pero la denuncia provocó que la causa se trasladara a la Audiencia Nacional (AN) y comenzara a crecer la bola de nieve. Solo así podía mantenerse el caso allí, porque los delitos de atentado (agresión a un agente) y de lesiones no superan los cinco años de prisión. No son, por tanto, delitos graves como exige el artículo 573.1 que encuadra el terrorismo. En marzo de 2017, con los procesados en prisión, la Audiencia Provincial de Navarra resolvió que ni las lesiones, ni los deltios de atentado presuntamente cometidos encajaban como terrorismo y que aquella acción no estaba planificada, no alteró la paz pública y que se produjo despúes de que un acusado entrara en el bar, “sin hostigamiento previo”. Pero el Supremo se agarró a un argumento más que discutible, que “la gravedad del delito no puede excluirse dada la entidad de las lesiones sufridas por una agente”. Y la causa no volvió a pisar Navarra y se quedó en la AN.

Aquí entró en juego otro factor desencadenante de este proceso como es la instrucción llevada a cabo por la juez Lamela, quien además de mantener encarcelados a tres de los acusados hasta arrancar el juicio, negó la práctica de pruebas a la defensa. El tribunal juzgador se comportó de igual manera. Se han rechazado testigos de la defensa que observaron aquella noche los hechos, grabaciones de dentro y de fuera del bar, planos de la localidad, sentencias absolutorias que hacen referencia al movimiento Ospa, testificales de integrantes de este colectivo y entrevistas radiofónicas a los denunciantes al poco de producirse los hechos en las que se contradecían, según las defensas, con la denuncia que presentaron. El letrado José Luis Galán, defensor de dos de los acusados, resume que “ese auto de inadmisión de pruebas es lo más parecido a vetar el derecho a un juicio justo, con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva”. Y la Justicia es eso.