Navarra blinda su Administración contra las malas prácticas

El Parlamento aprueba la ley de Transparencia más avanzada del Estado
UPN y PP, los únicos que no apoyan la puesta en marcha de la Oficina Anticorrupción

Andoni Irisarri / Patxi Cascante - Viernes, 11 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:02h.

pamplona - La lucha contra la corrupción y la búsqueda de la transparencia en las instituciones forales dejaron ayer de ser eslóganes políticos para convertirse en realidades palpables. El Parlamento de Navarra, con un amplísimo consenso, aprobó dos de las leyes más importantes que en materia de renovación pública planteaba el acuerdo programático de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E: la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno;y la Ley de Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción.

Son dos paquetes legislativos potentes que implican un cambio profundo en la manera de funcionar de la Administración. Contienen, además, las herramientas necesarias (personal, departamentos, códigos sancionadores) para garantizar el cumplimiento de lo que es un principio básico de este Gobierno: la transparencia total y la persecución de las malas prácticas. Para cumplir con el primer paso, el Parlamento aprobó ayer por unanimidad una ley puntera en el Estado y equiparable a las que rigen en algunos países europeos: abrirá de par en par las puertas y ventanas de todas las instituciones forales (Parlamento, Gobierno, ayuntamientos, UPNA, federaciones deportivas, lobbies, partidos políticos...);velará porque los ciudadanos puedan acceder de forma sencilla a datos de todo tipo (económicos, de información general, sobre los altos cargos...);y dota de un código sancionador al Consejo de Transparencia, órgano independiente encargado de que el conjunto de instituciones forales cumpla con su obligación de proporcionar a la ciudadanía la información.

En cuanto a la Ley de Buenas Prácticas, Navarra contará (no con el apoyo de UPN y PP, que se abstuvieron en la votación) por primera vez con una Oficina anticorrupción cuya finalidad será prevenir las malas prácticas en la gestión pública (formar al funcionariado, realizar campañas de buenos hábitos...) e investigar posibles casos de corrupción (supervisión de contratos públicos, vigilancia de incompatibilidades, cumplimiento de Código Ético, fiscalización del papel de los gestores...). No es un brindis al sol. La Oficina requerirá una partida específica en los Presupuestos Generales de Navarra y prevé dotarse de un director, funcionarios y un cuerpo de inspectores (con rango de autoridad probatoria) que lleve a cabo los trabajos. También tendrá un código sancionador para quienes entorpezcan el trabajo de investigación, con multas que van desde los 2.000 a los 60.000 €, en los casos más graves.

transparencia por unanimidad No ha sido fácil ni para el Gobierno ni para el Parlamento llegar hasta aquí. Las leyes se han trabajado en varios departamentos (especialmente en el de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia) y en ponencias legislativas durante meses. Como dijo la consejera María José Beaumont, son “el marco necesario para hacer efectivas la rendición de cuentas, la participación en decisiones públicas y la lucha contra la corrupción”. Fue la titular de Presidencia la encargada de defender específicamente la ley de Transparencia. Celebró, especialmente, el consenso alcanzado por todas las fuerzas políticas para sacar adelante una ley “que elimina barreras y obstáculos” y ampara un “procedimiento sencillo y ágil para devolver a la ciudadanía, verdadera titular de lo público, la información”. “La transparencia es un valor que debe impregnar toda la actividad pública”.

Todos los portavoces coincidieron en las valoraciones: la ley de 2011 fue pionera, pero el paso de los años, el avance tecnológico y la crisis de los viejos métodos en la política han forzado a ir mucho más allá en la norma. UPN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN, PP e I-E valoraron también haber podido llegar a un consenso en la norma del que, creen, se beneficiarán los ciudadanos.

upn y pp no votan la oficina Algo más de debate tuvo la ley de Buenas Prácticas y Anticorrupción, que rompió la unanimidad que sí consiguió la ley de Transparencia. UPN y PP se desmarcaron del resto y terminaron absteniéndose porque no quieren que la Oficina pueda investigar posibles casos de corrupción. Ellos creen que esa labor sólo la tiene que desempeñar el poder judicial, y no un órgano independiente pero vinculado al Parlamento. De nada han servido los intentos del resto de grupos por hacerles ver que la Oficina, de encontrar algún indicio, lo pondrá en conocimiento de la Fiscalía o la instancia competente. Para Sergio Sayas (UPN), la Oficina debería dedicarse sólo “a la prevención”;y Javier García (PP) justificó su abstención por “no compartir el código sancionador”. Sonaron un poco a excusa, la verdad. Pero en cualquier caso, el resto sí que valoró poder disponer de un departamento de esas características. Patxi Leuza (Geroa Bai) consideró que “los instrumentos de control hoy existentes no resultan suficientes para monitorizar la actividad política”;Arantxa Izurdiaga (EH Bildu) valoró la Oficina como un paso “absolutamente fundamental para el nuevo modelo de gobernanza pública, en el que los intereses de los partidos y el clientelismo se descarten” y se eviten casos como “el de Egüés o el de Ultzama”;Rubén Velasco (Podemos) lo vio como un intento por “minimizar la lacra de la corrupción”;Inma Jurío (PSN) cree que la Oficina proveerá un “fortalecimiento instuticional con pasos como este”;y por último, Marisa de Simón (I-E) valoró “el carácter preventivo de la oficina y el combate contra el abuso de poder”.