Republicanismo

UPN pide un papel

Por Santiago Cervera - Domingo, 13 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:02h.

las competencias en materia penitenciaria no siempre han pertenecido al Ministerio del Interior. Históricamente se atribuían al de Justicia, entendiendo que el régimen al que se someten los presos es una consecuencia de un pronunciamiento de los tribunales. Fue el ministro Enrique Múgica quien diseñó la actual política de dispersión de los penados de ETA, hace ya 25 años. El razonamiento que lo justificó era constatar que la mayoría de la banda, ya en aquel entonces, estaba presa, y que alejarla de su entorno social podía suponer un daño que le hiciera recapitular. La consecuencia posterior fue que Instituciones Penitenciarias pasó al Ministerio del Interior, junto a los cuerpos policiales, y tomó mucha más relevancia política que la que inicialmente tenía encomendada, que básicamente consistía en procurar que las instalaciones carcelarias estuvieran bien gestionadas.

No podemos saber cómo hubiera evolucionado el final de ETA sin esa dispersión, y si ésta ha contribuido en algo a la desaparición de la banda. Sí sabemos que es una medida que ha dañado especialmente al entorno familiar de los convictos, obligado a desplazarse para poderles visitar. Está tácitamente aceptado que constituye un grado punitivo de carácter político que se añade a lo que la justicia ha impuesto. Además, constituye un espacio en el que no existe transparencia ni son adecuadamente conocidas las decisiones que toman los responsables políticos de turno, asistidos sólo por su discrecionalidad. Un Director General o su subordinado deciden en qué cárcel ha de estar un preso, viviendo en qué módulo y bajo qué régimen disciplinario. Seguramente todos quienes hemos experimentado repugnancia al contemplar los efectos de un atentado hemos podido desear lo peor para sus autores, aquello de que se pudran en la cárcel. Pero las normas del estado de derecho proclaman la justicia por encima de la venganza, y lo que corresponde hacer con el criminal lo dicta exclusivamente el Código Penal. Desde que se diseñó la política de dispersión lo que indubitadamente está ocurriendo es que el poder ejecutivo superpone un añadido de pena a lo que haya dispuesto previamente un tribunal. Queda para la valoración de cada cual calibrar si esto fue necesario, si ha servido para mermar la solidez organizativa de la banda, y si ha tenido relevancia en la defensa de la sociedad frente al crimen. Lo que difícilmente puede rebatirse es que ha formado parte de la confrontación entre el estado de derecho y el terrorismo, y que este escenario afortunadamente ya ha cambiado.

Como principal respuesta la reunión de Bertiz entre Barkos y Urkullu, UPN pide a Rajoy que le firme un papel garantizando que no se va a cambiar la actual política de dispersión. Lo de pedir un papel es algo bien bizarro. No se lo pidieron a Zapatero a cambio de aquel voto que, entre otras cosas, congeló las pensiones -contemplen los incautos la pancarta en la balconada de Príncipe de Viana proclamando “Sí a las pensiones”-, y salvó el pescuezo al socialista. Papel también es un programa electoral, como aquel de 2011 en el que nos hablaron de esa Navarra pluscuamperfecta, indemne a las crisis, capaz de dar lecciones al mundo, y que luego sufriría como la que más los recortes y las inclemencias de tantos desequilibrios acumulados. Que Rajoy firme un papel a quienes tienen a los papeles como banal soporte de cualquier inconsistencia no ha de tener demasiado valor. Pero más allá de lo que esté dispuesto a rubricar el Gobierno, detrás tenemos un episodio que habla a las claras de la falta de brújula de los de Esparza. Por principio, en unos presupuestos hay que negociar partidas, y no cuestiones de otro cariz aunque te proporcionen una gavilla de titulares efímeros. Además, se está vendiendo la falsedad que de la decisión penden los Presupuestos del Estado, cuando estos ya han pasado, con el beneplácito de UPN, la enmienda de devolución. Al fondo tenemos un asunto que convendría tratar con sensatez y altura democrática, no en la miope escaramuza partisana. Todos saben que la política penitenciaria ha de cambiar porque es indudable que las causas que un día la pudieron justificar ya han cambiado. Estos guardianes de las esencias parece que han decidido conformarse con ser un partido de nicho, el de elección para todos quienes intelectualmente haya renunciado a entender que hay cosas que incluso mejoran con el tiempo.