Editorial de diario de noticias

Derecho a la vivienda y a la convivencia

Entre los argumentos que deben valorarse a la hora de legislar en materia de alquileres turísticos, el de garantizar la libre competencia es uno a tener en cuenta pero en ningún caso el que debe marcar la pauta

Viernes, 10 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:01h.

la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha ejercido su papel de propiciar un escenario de liberalización equilibrada de los mercados y, atendiendo a criterios que son de su incumbencia, ha decidido recurrir las normas sobre alquileres de viviendas turísticas que aprobaron los ayuntamientos de Bilbao, San Sebastián y Madrid por los límites impuestos a su extensión como negocio. Tratándose de un ámbito de actividad económica y de intercambio de un servicio por una prestación económica, su regulación debe garantizar la libre competencia además de los derechos de los usuarios, si bien esta perspectiva no puede anteponerse al derecho al acceso a la vivienda a un precio razonable ni tampoco a la convivencia ciudadana en términos de respeto y urbanidad. Ambos extremos están siendo conculcados por una inserción en los entornos urbanos invasiva -que a su vez ha generado una estigmatización del turismo en general que también debe rechazarse-, hasta el punto de fomentar la expulsión de inquilinos a la búsqueda de mayor rentabilidad para los propietarios y de generar conflictos sociales de alcance en inmuebles y calles. A estos efectos perniciosos, que han dado lugar a las acotaciones municipales, ha contribuido la falta de una legislación unívoca que el nuevo Gobierno central parece dispuesto a abordar a partir del establecimiento de un registro único de alojamientos turísticos al objeto de mejorar la calidad de la oferta pero también de minimizar el fraude fiscal. Concretar el concepto de alquiler turístico dentro de la Ley de Arrendamientos Urbanos, una norma básica, ya supondría un avance para delimitar qué continuidad en el arrendamiento de una vivienda la define como tal. Como clasificar los pisos turísticos en función del estado de conservación, tamaño, servicios y ubicación, pues la falta de catalogación junto con la opacidad tributaria suponen una competencia desleal respecto a los establecimientos hoteleros. Como la regulación tiene que ser necesariamente restrictiva a la luz de la barra libre aun vigente y de los perjuicios generados, también convendría reformar la Ley de Propiedad Horizontal para que no baste con un solo vecino para dar vía libre a un alquiler turístico en la comunidad. Bien entendido que no puede liberalizarse la oferta de pisos turísticos sin salvaguardar tanto la calidad de vida de los residentes que cohabitan con ese negocio como unos precios del alquiler bajo control para evitar una burbuja disparatada.