Editorial de diario de noticias

¿Cuestión de Estado o particular?

La defensa del Gobierno español al juez Llarena tras la demanda de Puigdemont en Bélgica ofrece dudas sobre si el origen de una cuestión jurídica puede residir en una declaración particular

Martes, 28 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:01h.

El giro ejercido por el Gobierno de Pedro Sánchez, que ayer en boca de su titular de Justicia, Dolores Delgado, afirmó que defenderá al juez instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena “hasta sus últimas consecuencias”, tras la demanda civil interpuesta por Carles Puigdemont y varios consellers en un juzgado de Bélgica supone la redirección del posicionamiento en el Ejecutivo sobre la defensa de un magistrado, cuyas resoluciones han sido contestadas desde el Tribunal de Schleswig-Holstein revocando la extradición del expresident y ofreciendo oxígeno a su estrategia fuera de Catalunya. Sin embargo, no se antoja del todo creíble, tras el rotundo rechazo a su defensa hace tan solo cuatro días de asumir la protección de Llarena por los actos privados que se le atribuyen, el convencimiento en la defensa del juez por parte del Ejecutivo que pareciera verse forzado a ejercer una defensa demandada por unas imprudentes declaraciones particulares que Llarena realizó tras una conferencia y que el Gobierno de Sánchez arropa bajo la defensa de la jurisdicción española. Defender al magistrado en los términos en los que ayer se expresó la ministra abre la puerta a la defensa de las declaraciones privadas de un juez, descargando su propia decisión en el trabajo de los abogados, designados por el Gobierno, que defenderán en Bélgica a la justicia de España por unas declaraciones que el propio ministerio enmarcó hace unos días en el ámbito privado. El cambio de parecer del Gobierno no puede sino obedecer a la presión ejercida desde las asociaciones de jueces y de los partidos abiertamente contrarios al denominado procés,tanto PP como Ciudadanos que ya han iniciado sus particulares ofensivas parlamentarias para que el Legislativo se pronuncie en la asistencia al juez y en la defensa de la soberanía jurisdiccional. Con todo, y desde la mirada de que quizás la justicia española no pueda ignorar a la belga, ni la belga a la española, se impone la cordura y sobre todo la voluntad para desenmarañar una madeja de origen político que sigue dejando un reguero de decisiones judiciales, ahora en defensa de la integridad jurisdiccional de España. En medio de este camino debieran primar las soluciones bajo los principios de realidad desde la política y de prudencia desde las instancias jurídicas en favor siempre de la ciudadanía catalana y de la democracia.