La rectificación de Sánchez en el ‘caso Llarena’ debilita a la ministra de Justicia

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, en una sesión de control al Gobierno. (Foto: Efe)

El presidente enmienda la plana a Delgado tras negarse a defender al juez y el PP la reprobará en el Senado para intentar forzar su dimisión o cese

Miércoles, 29 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:01h.

pamplona - El giro del Gobierno en su postura ante la demanda civil emprendida en Bélgica por el expresident Puigdemont y cuatro de sus exconsellers contra el juez instructor del procés, Pablo Llarena, debilita la posición de la ministra de Justicia, Dolores Delgado. La rectificación del Ejecutivo, que pasó de asegurar que no defendería al magistrado por ser un asunto de carácter privado a admitir que se trata de una cuestión de Estado, deja en la picota a Delgado. Más si cabe después de que el presidente Pedro Sánchez saliera ayer al paso de la ceremonia de la confusión para enmendar a la ministra. “El Estado debe defender su soberanía jurisdiccional” en el caso Llarena, evidenció. Mientras tanto, el PP pone en marcha la maquinaria para la dimisión de la ministra al presentar una interpelación en el Senado, donde cuenta con holgada mayoría.

Al principio del caso, Justicia se ciñó a que era un asunto privado. Así lo expuso el Ministerio en una nota pública el 23 de agosto. Anunciaron la contratación de un bufete privado para defender “la competencia exclusiva y excluyente de la jurisdicción española en la causa penal abierta por el procès sin asumir en ningún caso la defensa del juez Llarena por los actos privados que se le atribuyen”. La vicepresidenta Carmen Calvo hizo suya esta apreciación un día después. La versión mutó posteriormente, sobre todo motivada por las presiones de la Abogacía del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y la mayoría de las asociaciones de jueces. Este lunes ya era una cuestión de Estado. “No se permitirá que se cuestione el ejercicio jurisdiccional de España”, sostuvo la propia Delgado entonces. En todo caso, el caso Llarena ya la había puesto en el disparadero.

cuestión de estado La situación de Delgado empeoró ayer. Sobre todo, después de que Sánchez saliera a enmendarles la plana para admitir la obligación de su Ejecutivo de “defender los intereses de España”. Y estos “pasan por defender la actuación jurisdiccional del juez Llarena”. Por último, aseveró que “el Gobierno ha tenido claro que esta no es una cuestión privada, sino de Estado y que va a actuar en defensa de los intereses y de su soberanía” para tratar de zanjar las críticas a las que ha sido objeto el Ejecutivo. El PP no ha desaprovechado el filón abierto y anuncia que exigirá la dimisión de Delgado o su cese. Plantearán una interpelación en el Senado, donde disponen de mayoría absoluta, tras la cual presentarán una moción para reprobar a la ministra si no abandona su puesto.

El Gobierno dio por zanjada la polémica por su cambio de discurso en torno a la defensa del juez Pablo Llarena y mantiene una “absoluta confianza” en la ministra de Justicia, Dolores Delgado, según fuentes de Moncloa. La intención del PP de reprobar a la ministra en el Senado no es más que una estrategia de “papel mojado” para el Ejecutivo, dado que esa iniciativa se limita a manifestar una denuncia política de Delgado, sin más consecuencias. - D.N.

La demanda

El polémico “error” de traducción

La defensa de Puigdemont minimiza la errata. La defensa de Carles Puigdemont admitió ayer haber traducido al francés de forma errónea -de un sí condicional a un sí afirmativo- uno de sus argumentos para sostener que Pablo Llarena vulneró el derecho a la presunción de inocencia de los demandantes. El abogado del expresident, Gonzalo Boye, restó importancia al asunto ya que “no altera el sentido de la demanda” y, tras aseguró que desconocía el “error” en la traducción de la demanda al juez, informó de que pondrá en conocimiento del juzgado belga esta errata. El abogado atibuyó este hecho a “un mero error de traducción”.

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