Mesa de Redacción

Que no nos engañen

Por Joseba Santamaria - Viernes, 31 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:01h.

La aplicación de la subida de las pensiones aprobada la pasada primavera -el 1,6% este año (el 3% para las mínimas) y el 1,5% en 2019- ha situado la partida destinada por la Seguridad Social al pago de las 9,6 millones de pensiones contributivas en el Estado en 9.217 millones de euros en agosto. Y de nuevo de forma inmediata la uniformidad mediática que emana de Madrid ha puesto los ojos informativos en el discurso alarmista. Es habitual y periódico esto. Sobre las pensiones públicas pesa de siempre la alargada sombra de conformar un botín apetecible para los fondos de riesgo e inversión, que aspiran a su privatización, de decenas de miles de millones de euros. Los discursos alarmistas y catastrofistas no aportan nada, sólo pretenden crear un escenario adecuado para impulsar el discurso de la insostenibilidad del sistema. Se están poniendo las bases para devaluar las pensiones y luego privatizarlas. No es una cuestión de recursos. Es una cuestión de especulación. Y es precisamente al contrario: la sostenibilidad y la garantía futura del sistema público de pensiones debiera ser una de las primeras prioridades de cualquier Gobierno honesto. Es cierto que también en al ámbito de las pensiones ha habido en los últimos años un cambio de tendencia entre ingresos y costes. La precarización del mercado laboral ha reducido las cotizaciones, han aumentado las pensiones medias, las políticas de austeridad y recortes han rebajado su capacidad adquisitiva y se ha vaciado la hucha de la Caja de la Seguridad Social para afrontar pagos de deuda, déficits, rescates bancarios y despilfarros varios. Que no nos engañen: garantizar un sistema público de pensiones sostenible, digno y que mantenga el poder adquisitivo de las personas mayores es parte también de la batalla política e ideológica actual. Y recuperar un modelo fiscal progresivo, eficiente y equitativo que penalice con contundencia el fraude y el escaqueo y desenmascare a los defraudadores -personas, empresas, entidades financieras, etcétera- es imprescindible para ello.

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