Mesa de Redacción

Yo tampoco soy Llarena

Por Joseba Santamaria - Sábado, 1 de Septiembre de 2018 - Actualizado a las 06:01h.

No tengo ni idea de si la demanda de Puigdemont en Bélgica contra el juez Llarena tendrá recorrido alguno, ni siquiera si llegara a ser admitida a trámite este martes. Seguramente no, entre otras razones porque la propia demanda contenía de principio errores de bulto en su traducción al francés. Pero eso ya quizá sea lo de menos. Este caso ha vuelto a poner de manifiesto la debilidad de la independencia del sistema judicial en sus altas esferas. El juez Llarena fue invitado por un concesionario de coches de lujo a dar una charla en Oviedo pagada generosamente -ya es difícil de entender qué pinta un magistrado del Supremo haciendo bolos patrocinado por marcas privadas-, y allí se pegó una largada contra los dirigentes soberanistas, Puigdemont incluido, y expuso sus opiniones personales, de calado ideológico en algunos casos, en pleno proceso de instrucción del caso. Si ya los autos de Llarena que trataban de sostener su instrucción contenían especulaciones y opiniones personales que cuestionaban su parcialidad e independencia, estas declaraciones sólo ahondaban en esa realidad. Los propios tribunales europeos en Alemania o Bélgica han dejado en evidencia la penosa calidad de su trabajo. Todo esto ha acabado implicando al conjunto del Estado en una cruzada de amparo al juez Llarena, una cortina de humo para intentar ocultar sus responsabilidades personales sobre sus propias palabras y su errónea y caótica instrucción judicial. La presión de los magistrados y fiscales más conservadores en un alarde de corporativismo bochornoso y de los medios y tertulianos más ultras llevaron a rectificar a Sánchez la decisión inicial de su Gobierno de no cargar a las arcas del Estado los costes de la defensa de Llarena por sus declaraciones en aquella charla particular con la excusa ahora de que se trata de una cuestión de Estado. Se cede la calidad y credibilidad del Estado de Derecho a la juerga de poderes fácticos que deambulan por la villa y corte de Madrid y acabamos pagando todos a escote más de 500.000 euros a un despacho de abogados belga para proteger a Llarena. En realidad, quienes alegan que se trata de defender la jurisdicción española se están saltando esa misma jurisdicción en este caso. No se pretende tanto salvaguardar el Estado de Derecho sino otorgar una protección de inviolabilidad al juez Llarena -tras pavonearse desde su parapeto judicial- por los posibles delitos en que pudiera haber incurrido en su instrucción. Sánchez rectificó de nuevo -y es la enésima vez en los pocos meses que lleva de presidente- y dejó a los pies de los caballos del PP y Ciudadanos a su ministra de Justicia, Dolores Delgado, que defendía la posición contraria. Otro ejemplo más de que los altos tribunales y las instancias de control del Poder Judicial -alineado en su inmensa mayoría con el PP tras los seis años de Gobierno de Rajoy-, están sujetos al amiguismo político y al nepotismo ideológico y familiar. Una democracia en la que los sistemas de defensa y control -la libertad de prensa y la separación de poderes son de los claves- acaban asaltados por los poderes políticos, económicos, mediáticos o financieros es una democracia en grave peligro. Si se anteponen las supuestas razones de Estado a la propia justicia, el Estado democrático de Derecho queda debilitado y en evidencia. Lo siento, pero yo tampoco soy Llarena. No sería el primer juez estrella que acaba estrellado.