LOS ZAPATOS HAN SIMBOLIZADO EL CAMINO

Pamplona protesta por la expulsión en caliente de 116 personas de Ceuta

EFE - Miércoles, 5 de Septiembre de 2018 - Actualizado a las 20:33h.

PAMPLONA.- La plaza del Castillo de Pamplona ha acogido esta tarde, al igual que una veintena de ciudades españolas, una acción-protesta impulsada, en este caso por Iruñea Ciudad de Acogida, para denunciar "la expulsión masiva de 116 personas a través de la frontera de Ceuta".

Un total de 116 zapatos esparcidos por el suelo han simbolizado el camino, el tránsito de las personas que han hecho miles de kilómetros arriesgando sus vidas para llegar hasta nuestras fronteras, según ha explicado a Efe una representante de la asociación.

Y es que, según ha señalado, los zapatos son los primeros objetos que se pierden en el camino como reflejan las fotografías de llegada a las playas o de salto de vallas, "momentos muy trágicos y violentos", ha subrayado.

De esta manera han querido expresar su desacuerdo con ese tipo de expulsiones y llamar la atención sobre la situación que se vive en Marruecos, donde, según ha remarcado, "se están vulnerando los derechos de las personas en tránsito", por lo que "no es un país seguro para este tipo de devoluciones".

Igualmente han querido poner de relieve lo que está sucediendo este verano en la frontera con Francia, en pasos como el de Irun (Gipuzkoa), donde se están dando "muchas devoluciones del mismo estilo, sin ningún protocolo".

En el manifiesto suscrito por asociaciones y organizaciones que impulsan las movilizaciones en la diferentes comunidades, recuerdan que el pasado 22 de agosto a través de la valla de Ceuta accedieron a territorio español 116 personas migrantes y refugiadas.

Al día siguiente, según denuncian, "el Ministerio del Interior confirmó que estas personas habrían sido devueltas a Marruecos mediante la aplicación del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado en Madrid el 13 de febrero de 1992".

Esta forma de proceder es criticada "duramente" por estas organizaciones que opinan que con esta medida "el actual Gobierno desvela cuál es realmente su política migratoria".

Así critican la "huida hacia adelante que representan estas devoluciones en caliente en diferido no sólo por no respetar las garantías legales exigibles, sino también por suponer un paso más en la política de externalización de controles que tantos costos tiene en términos de derechos humanos, amén de las contraprestaciones económicas y políticas a Marruecos que el Gobierno debería desvelar".

Además de exigir información sobre las actuaciones llevadas a cabo, demandan una política de control de fronteras basada "en el respeto a los Derechos Humanos" y una "profunda modificación" de la ley de extranjería que garantice vías legales para la migración regular.

Asimismo piden "la aprobación del reglamento de la ley de asilo que garantice el acceso al procedimiento de asilo en consulados, y que se ponga fin a los acuerdos de externalización de fronteras con terceros países que no garantizan los Derechos Humanos ni la protección de las personas en movimiento".