Los Centros Especiales de Empleo reciben un 38% más de ayuda pública que en 2015

Tres trabajadoras y un trabajador de un centro especial de Aspace en Navarra. (UNAI BEROIZ)

En los últimos cuatro años han incorporado a 255 trabajadores y sus usuarios crecen un 23%

Juan Ángel Monreal | Unai Beroiz - Viernes, 7 de Septiembre de 2018 - Actualizado a las 06:01h.

pamplona - Los Centros Especiales de Empleo (CEE) reciben en 2018 algo más de diez millones de euros de ayuda pública, según explicó ayer Miguel Laparra, vicepresidente del Gobierno, en el Parlamento de Navarra. Esta cantidad supone cerca de un 38% más de la que recibían en 2015, cuando su asignación presupuestaria se quedó en 7,2 millones.

“Los centros han mejorado significativamente” y “cuentan con el apoyo decidido del Gobierno de Navarra”, explicó el vicepresidente, durante su comparecencia para explicar el recurso de alzada interpuesto por los centros a raíz de la convocatoria de las unidades de apoyo a la actividad profesional. Los centros la consideran “contraria a derecho y perjudicial para sus intereses”. Laparra explicó que en algunos de los puntos motivo de discrepancia se ha llegado a acuerdos.

Según señaló en su intervención, los CEE han experimentado un “cambio de tendencia muy significativo” con un aumento de sus trabajadores de 1.345 en 2014 a más de 1.600 en 2018, un incremento de un 23% en sus usuarios así como en su presupuesto, pasando de 7,2 millones en 2015 a una previsión de más de 10 millones en el presente año. “No parece que estén peor sino que van a más y están recibiendo más ayuda pública que en el periodo anterior”, remarcó Laparra, quien se refirió también a las unidades de apoyo. Han pasado de recibir 900.000 euros en 2014 a una previsión de un millón en 2018. Asimismo, las contrataciones indefinidas han pasado de 48 en 2015 a 94 en 2017 y una previsión de 110 en 2018.

Respecto a la convocatoria de ayudas a las unidades de apoyo al empleo, Laparra explicó que está destinada a “atender a personas con discapacidad que tienen especiales dificultades de inserción laboral”. “Se trata de superar barreras, prever la incorporación a un trabajo y lograr la permanencia en el CEE por parte de los trabajadores”, agregó. Entre los detalles de la convocatoria, resaltó la introducción del requisito de un grado de discapacidad mínimo de 33% en caso de personas con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual;del 65% en caso de discapacidad física o sensorial;y de entre el 33 y el 65% en caso de discapacidades mixtas. Un elemento “que se introducía no como novedoso sino que recogía la practica previa existente” y que “suponía un elemento de mayor seguridad jurídica”, aseguró.

Asimismo, indicó que los gastos subvencionables se destinan a financiar la actividad derivada de la contratación indefinida en las unidades de apoyo con una cuantía de 1.200 euros anuales que se reduce en función de la jornada en el supuesto de contrato parcial o en función del tiempo efectivamente trabajado. Laparra afirmó que la convocatoria de ayudas “presenta importantes mejoras que ayudarán a mejorar e incrementarán la financiación de las unidades de apoyo”. Así, destacó la posibilidad de imputar parcialmente los técnicos a la labor de apoyo, lo que “puede permitir una mejor gestión por parte de los CEE y la adecuación de los recursos con mayor flexibilidad”.

Uno de los puntos recurridos por los centros de empleo y que finalmente han sido aceptados fue el informe de adecuación del puesto de trabajo. Una petición, indicó, que “no era nada extraordinaria” ya que también “se establece para la contratación de personas con discapacidad en centros de empleo protegido o en el acceso la Función Pública”. Sin embargo, explicó que se ha admitido esta alegación porque la entidad “era la mas interesada en que los técnicos que contrate se adecuen al puesto de trabajo” y porque “hay otras formas de acreditar el correcto desempeño del ejercicio de las funciones a trabes de titulación, experiencia, etc.”.

Otro de los puntos recurrido se refería al grado mínimo de discapacidad establecido para los destinatario finales. Laparra recordó que “no es nada nuevo, esto se venía haciendo sistemáticamente de siempre y en principio no va a tener ninguna implicación para los usuarios ni los CEE”. El consejero confió también que en lograr “consenso” previo para próximas convocatorias.

discrepancia

Cálculo de la subvención. Se trata de uno de los motivos de discrepancia y Laparra avanzó que se va a crear un grupo de trabajo con las entidades al respecto. El consejero destacó que la subvención “no depende de los costes salariales sino que está dedicada a la financiación de las unidades de apoyo y finalista en cuanto a que pretende la atención a personas con discapacidad”. “No puede desvincularse el importe del hecho que lo determina: la existencia efectiva de los trabajadores en su puesto”, dijo.

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