La Corte Penal Internacional investigará la deportación de los rohinyá de Birmania

En un año, 700.000 personas han huido a Bangladesh, que sí los acepta

Viernes, 7 de Septiembre de 2018 - Actualizado a las 06:01h.

la haya - La Corte Penal Internacional (CPI) concluyó ayer que puede ejercer su jurisdicción sobre la supuesta deportación del pueblo rohinyá de Birmania -país de mayoría budista-, a Bangladesh, según informó el tribunal en un comunicado.

Esto se da después de que el lunes el secretario general de la ONU, António Guterres, pidiera al Gobierno de Birmania que revise la condena de siete años de prisión a dos periodistas de la agencia Reuters por violar la Ley de Secretos Oficiales por investigar e informar sobre una masacre de rohinyás por parte del ejército, una sentencia que tildó de “inaceptable”.

Ante la decisión del CPI, Birmania no acepta la jurisdicción de la CPI, pero los jueces manifestaron que los supuestos crímenes se habrían terminado de cometer en territorio de Bangladesh, país que sí ha ratificado el Estatuto de Roma, carta fundacional de este tribunal holandés de La Haya.

Con esta decisión, adoptada por una de las salas de cuestiones preliminares, la CPI responde a la solicitud de la Fiscalía, que había pedido investigar las transferencias forzosas y las deportaciones como crímenes de la humanidad.

Previamente, la Oficina de la Fiscal había recabado datos de diversos organismos de la ONU, medios de comunicación y diversas ONG como Amnistía Internacional y Human Rights Watch para documentar los supuestos abusos padecidos desde agosto de 2017 por esta minoría étnica musulmana, que no es reconocida por las autoridades birmanas.

“Un elemento de este delito, el cruce de una frontera, tuvo lugar en el territorio de un Estado parte del Estatuto de Roma, Bangladesh”, dijo el tribunal, que tomó su decisión por una mayoría de dos votos contra uno.

un pueblo castigado Sin embargo, la comunidad ya había sufrido un genocidio en octubre de 2016, cuando hubo una represión militar por parte del ejército y la policía birmana en el estado de Rakáin, al noroeste del país.

La masacre, que incluyó violaciones y la quema de las viviendas de los rohinyás, se saldó la vida de 25.000 personas y provocó el desplazamiento de 725.000 personas por la violencia.

Todavía queda por ver cómo reaccionará Birmania, ya que sus autoridades acusaron en febrero al tribunal de “anular” su principio de soberanía con la posible investigación, pues al no ser signataria del Estatuto de Roma, carta fundacional de la CPI, considera que no tendría obligación de acatar su jurisdicción.

Hasta el momento, unos 700.000 rohinyás han huido de Birmania a la vecina Bangladesh desde el 25 de agosto de 2017, a raíz de una campaña militar en respuesta a un supuesto ataque de un grupo insurgente contra puestos policiales y fronterizos. - Efe