La justicia niega el cobro de la pensión con 61 años a prejubilados de Caja Navarra

Labores de retirada de los carteles de Caja Navarra cuando la entidad se integró en CaixaBank. (PATXI CASCANTE)

Considera que dejaron la entidad en 2012 de forma voluntaria y al margen de cualquier ERE, por lo que deberán esperar hasta que cumplan 63 años en 2019

Juan Ángel Monreal Patxi Cascante - Domingo, 9 de Septiembre de 2018 - Actualizado a las 06:01h.

Pamplona - Los tribunales están negando a algunos de los últimos prejubilados de Caja Navarra-Banca Cívica el acceso a una pensión de jubilación a los 61 años. En los últimos meses se han ido sucediendo las sentencias contrarias a las reclamaciones de los antiguos trabajadores de la entidad financiera, todos ellos nacidos en 1956, que abandonaron la entidad en abril del año 2012. Los tribunales consideran que sus salidas fueron voluntarias, por lo que no pueden acceder a la jubilación como si se les hubiese aplicado un ERE.

Las sentencias, que en caso de que sean refrendadas por el Tribunal Supremo obligarán a los trabajadores a esperar hasta 2019 para poder acceder a la jubilación, afectan a decenas de asalariados de Banca Cívica, donde se integraron primero los negocios y las plantillas de Caja Navarra, Caja Burgos, Caja Canarias y, desde finales de 2010, Cajasol. Estas tres primeras entidades acordaron el 22 de diciembre de 2010 con sus comités de empresa un acuerdo laboral que tenía como objetivo adelgazar la plantilla mediante prejubilaciones. Tras la integración de Cajasol, y con el objetivo de homogeneizar las condiciones entre las cuatro cajas, se extendió el acuerdo de salidas a los nacidos en el año 1956, tal y como constaba en el acuerdo firmado.

Estas salidas comenzaron a hacerse efectivas a lo largo del primer cuatrimestre de 2012, cuando Banca Cívica se veía incapaz de hacer frente a los nuevos requerimientos de capital exigidos por De Guindos y cuando su acción se hundía en medio de una crisis financiera mayúscula. Según consta en una de las sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Banca Cívica fue remitiendo comunicaciones a sus trabajadores bajo la referencia de Oferta de prejubilación pata personal de Banca Cívica SA nacido en el año 1956.La oferta se vinculaba al acuerdo laboral de 2010 se señalaba que Banca Cívica asumiría “el coste correspondiente a la prestación contributiva y las cotizaciones a la Seguridad Social desde el momento de su desvinculación y hasta el momento que cumpla los 64 años”.

hasta 404.000 euros Las ofertas, que fueron aceptadas en los días siguientes por la mayor parte de los trabajadores, iban acompañadas de una compensación económica que, en los casos a los que ha tenido acceso este periódico, oscilaban entre los 315.299 y los 404.000 euros, en función de la categoría y la antigüedad de cada trabajador. Asimismo se comprometía la entidad “a abonar en un único pago el importe correspondiente al pago del convenio de la Seguridad Social”.

En la misma sentencia se especifica además que en el documento “se señalaba expresamente que la extinción del contrato se produciría de mutuo acuerdo al amparo del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores y que no daría derecho a a la prestación de desempleo”. Este asunto es precisamente el que motiva el rechazo de los tribunales a la petición de acceder a la prestación de desempleo percibiendo el 76% de la base reguladora, tal y como solicitaban los trabajadores. Para ello, especifica el TSJN deben concurrir los siguientes requisitos: tener cumplidos los 61 años, encontrarse inscritos en las oficinas de empleo como demandantes de empleo, acreditar un periodo mínimo de cotización de 30 años y que la extinción del contrato de trabajo “no se haya producido por causa imputable a la libre voluntad del trabajador”.

Y es esta última la causa que los tribunales entienden que no concurre. “No se aprecia la existencia de un acuerdo colectivo del que se deriva el cese del recurrente, sino que por el contrario solo se prueba la existencia de una desvinculación individual y voluntaria”. La sentencia cita para ello la comunicación hecha por CaixaBank a la Seguridad Social, en la que recuerda que las salidas de abril de 2012 “tuvieron lugar tras haber concluido el ERE acometido por la empresa ese año y con carácter independiente”. “No se acredita -señala la sentencia- que exista una causa que impidiera al recurrente continuar en el desempleo de su actividad de trabajo, más allá de su particular voluntad de no hacerlo”.

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