Lesmes reprocha a los jueces europeos que no apoyen a Llarena en la causa por rebelión

El juicio contra los dirigentes catalanes por el ‘procés’ se prevé que arranque a finales de año en el Tribunal Supremo

Javier Núñez - Martes, 11 de Septiembre de 2018 - Actualizado a las 06:01h.

pamplona - El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, aprovechó ayer su intervención en la inauguración del Año Judicial para lanzar duras acusaciones contra los jueces alemanes y belgas que no accedieron a la extradición del expresident catalán Carles Puigdemont y varios de sus consellers por el delito de rebelión que les atribuía el magistrado del Supremo Pablo Llarena. A juicio de Lesmes, estas decisiones relacionadas con la causa contra el procés han generado una “grave incertidumbre” por interpretar “de forma unilateral” mecanismos jurídicos autónomos como las euroórdenes.

En su discurso, pronunciado ante el rey Felipe VI, Lesmes afirmó que estas decisiones tomadas por los jueces europeos, y contrarias a la senda emprendida por al alto tribunal español, han provocado “la generalizada percepción de una irremisible perdida de virtualidad de la cooperación judicial”. A juicio del presidente del Supremo, estos magistrados belgas y alemanes han interpretado “de forma unilateral” conceptos jurídicos autónomos del denominado espacio europeo de libertad, seguridad y justicia que deberían ser reflejo de una “comunidad de valores” y que han generado una “grave incertidumbre” en la causa judicial contra el procés.

En su intervención Lesmes no solo se refirió a los jueces europeos, sino que también recordó a los líderes de las formaciones soberanistas que la Constitución española es la norma por la que se rige un Estado que debe estar dispuesto a responder a los ataques a la Carta Magna. “Cuando la Constitución resulta golpeada no puede renunciar a defenderse ya que el Estado democrático de derecho no admite disgregaciones entre ley y democracia”, señaló el presidente del Supremo y del CGPJ.

Tras recordar que la Constitución es “permeable” a las transformaciones políticas y sociales, aseguró que “no puede ser concebida como políticamente neutra” y menos aun ante los riesgos que suponen “los movimientos populistas y los planteamientos identitarios excluyentes”. Así, cargó contra “determinados poderes públicos” que alimentan la “desafección del ciudadano respecto al poder judicial”, nuevamente “sobre la desenfocada visión de que ningún juez puede decidir en contra de la voluntad popular, demostrando una absoluta ignorancia de la dimensión y del significado del Estado de Derecho”.

Asimismo, para Lesmes es una “falacia” contraponer la ley y la democracia, especialmente cuando eso desemboca en identificar la ley con la voluntad del gobernante, un caso que dejaría a los ciudadanos indefensos ante las arbitrariedades del poder. “Si la Constitución es la expresión democrática del poder político, resulta una contradicción insuperable que ese poder, en alguna de sus formas, pretenda subvertir la norma que legitima su ejercicio”, añadió. Por ello, el máximo responsable del poder judicial español advirtió de que si bien en ocasiones “la violencia o la astucia ha permitido desbordar un determinado modelo orgánico de democracia constitucional sin seguir los procedimientos establecidos”, estos “procesos de subversión -en alusión a la situación catalana- dividen profundamente a la sociedad, alteran gravemente la convivencia y pueden producir efectos devastadores sobre la paz interna de un estado”.

Al banquillo en breve En este contexto, el Supremo prevé celebrar el juicio sobre el procés a finales de este año, según informaron ayer fuentes del alto tribunal. En este sumario están implicados, entre otros, Carles Puigdemont;sus exconsellers;la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell;y los jordis, Sànchez y Cuixart. Una vez haya sentencia contra los dirigentes del procés, arrancará en la Audiencia Nacional la vista contra el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, los exjefes políticos del cuerpo policial César Puig y Pere Soler y la intendente Teresa Laplana, a quienes se le acusa de dos delitos de sedición por la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017.

Los magistrados quieren que la vista del procés discurra lo más rápido posible, por lo que tienen intención de realizar sesiones de mañana y tarde. No obstante, son conscientes de que no depende exclusivamente de los jueces, pues, según subrayan las mismas fuentes, la estrategia de las defensas tendrá un papel importante, ya que tienen intereses políticos.

La Fiscalía está ultimando ya el escrito de acusación provisional que tendrá que presentar en las próximas semanas o en el próximo mes de octubre ante la Sala de Lo Penal del Supremo. En este documento, se mantendrán el delito de rebelión por el que se optó en la querella que dio inicio a este procedimiento.

Pese a que este procedimiento tiene un total de 25 procesados, el escrito que preparan los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno no se dirigirá contra todos ellos, debido a que el propio Puigdemont, cinco de sus exconsellers y las mandatarias de ERC y la CUP Marta Rovira y Anna Gabriel, se encuentran huidos de la Justicia y se prevé que sean juzgados en otro procedimiento diferente.

Fiscal general del estado

Segarra niega tratos de favor

Sin excepciones. La fiscal general del Estado, María José Segarra, se refirió ayer de forma concreta a la situación en Catalunya durante su primer discurso formal con motivo del acto de apertura del Año Judicial y afirmó que la Ley, “mientras esté en vigor”, vincula a todos y “no puede haber excepciones a esta regla porque lo contrario supone la quiebra misma de la propia democracia”. Según Segarra, “las legítimas aspiraciones políticas de una parte de la sociedad deben ser encauzadas a través del ordenamiento jurídico”.

Apoyo a los fiscales catalanes. La fiscal general del Estadio se refirió también a la labor desempeñada por los de los fiscales que ejercen su labor en Catalunya y afirmó que será “especialmente firme frente a cualquier intento de condicionar, personal o profesionalmente, a quienes ejercen sus funciones en esta Comunidad”;a los que mostró un apoyo “absolutamente inequívoco”.