El Tribunal confirma la exculpación de Barkos y denuncia el sistema que aplicaron Barcina y Maya

El fallo reitera que el sistema fue igual para todos y señala que la falta de controles causó daño a “los caudales municipales”

Kepa García - Viernes, 14 de Septiembre de 2018 - Actualizado a las 06:02h.

pamplona - La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas ha desestimado el recurso interpuesto por la asociación ultraconservadora Justitia et Veritas contra la sentencia que en julio de 2017 exculpó a la entonces concejala del Ayuntamiento de Pamplona y actual presidenta del Gobierno de Navarra Uxue Barkos por las dietas que recibió mientras compaginó su cargo de edil con el de diputada en el Congreso.

En su resolución de 48 folios, el Tribunal de Cuentas también hace una valoración muy crítica de los responsables municipales por el sistema que se aplicó en el Ayuntamiento entre 1999 y 2013, con Yolanda Barcina y Enrique Maya en la Alcaldía, que provocó “daño o menoscabo en los caudales públicos municipales” por la falta de controles efectivos.

El Tribunal, como en anteriores instancias judiciales, entiende que el sistema para la retribución de los concejales sujetos al régimen de dietas era el mismo para todos y que Barkos justificó sus asistencias como se lo exigía el reglamento interno. Aunque se aplicó sin excepciones y con todos los grupos municipales hasta 2013, la asociación demandante centró sus acusaciones en la actual presidenta, a la que ha sometido a un interminable proceso judicial que ha durado casi 6 años con todo tipo de acusaciones que han sido desmontadas una a una por las instancias judiciales por las que ha ido pasando el caso.

La Fiscalía de la Audiencia de Navarra, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la Cámara de Comptos y el Tribunal de Cuentas fueron coincidentes en sus argumentos exculpatorios a Barkos, pero Justitia et Veritas fue agotando todas las vías legales y recursos posibles con el único propósito de mantener la causa abierta contra ella, en un evidente proceso de intencionalidad política junto a una campaña mediática, como denunció la propia afectada y su formación.

Con lo que tal vez no contaban los demandantes es que la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, además de dar por buenos los argumentos de anteriores instancias en lo que respecta al cobro de dietas, haya determinado las responsabilidades por el sistema que adoptaron los gobiernos regionalistas. “Esta Sala, discrepando del criterio mantenido en la sentencia de Instancia, entiende que efectivamente se ha producido un daño o menoscabo de los caudales públicos municipales del Ayuntamiento de Pamplona” dice el Tribunal de Cuentas.

Con los ediles que no tenían dedicación exclusiva, el procedimiento era el siguiente. Cada uno de los concejales sujetos al régimen de dietas por asistencias percibía de manera anticipada el número máximo de dietas aprobado.

Semestralmente se remitía a los portavoces o responsables de los grupos municipales un documento-declaración por cada concejal en el que se señalaban las sesiones que daban derecho a dieta/asistencia, y de las que se tenía constancia en el departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento.

Ese documento-declaración se rellenaba, en la mayor parte de los casos, a mano, bien por el propio concejal afectado, bien por el responsable del grupo municipal. Posteriormente, una resolución del Alcalde-Presidente aprobaba la liquidación de las dietas correspondientes.

una de 59 59 concejales de UPN, NaBai, PSN, EH, EA, Bildu, ANV, IU o PP se acogieron a este sistema, pero la única acusada por Justitia et Veritas fue Uxue Barkos, pese a que el sistema estuvo en vigor desde el mandato de Yolanda Barcina hasta el de Enrique Maya, que introdujo más controles en 2013. La Sala menciona que “aun siendo muy cuestionable la forma de justificar la asistencia a las reuniones del Grupo Municipal, no puede obviarse que este proceder ha venido avalado en el periodo enjuiciado por el proceder del propio Ayuntamiento de Pamplona y sus órganos”.

Pero el Tribunal va un poco más lejos en su resolución y señala que este sistema permitía a los concejales “no solo disponer de una partida incluida en el presupuesto municipal para pagar sus dietas de asistencia, sino que además el abono de tales cantidades se debía efectuar cuando el/la concejal lo demandaban, aunque debía justificarlo documentalmente”.

Aunque el propio Ayuntamiento fue consciente de la insuficiencia del sistema de gestión de dietas, UPN lo mantuvo pese a que, según establece el Tribunal de Cuentas en la resolución conocida ayer, las indemnizaciones “no fueron, en modo alguno, justificadas en la forma legal y reglamentariamente exigida por las normas presupuestarias y contables, como la Ley Foral 2/1995”.

El régimen de dietas aparece regulado en el artículo 20 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento. Funcionó sin excepciones desde entonces y siempre fueron Barcina y Maya los responsables en última instancia de dar el visto bueno al pago de las dietas.

En marzo de 2008 la Junta de Gobierno local acordó que el importe máximo por dietas antes referido, a cobrar anualmente, sería de 19.716,84 euros, importe que se redujo a 18.730,92 euros en 2010.

El 19 de diciembre de 2008 se acordó que su pago fuera en forma de anticipo a cuenta mensual, con liquidación semestral, limitando el número de dietas máximo a percibir mensualmente a 13.